La SCJN rechaza asumir funciones del Comité de Evaluación
Los recientes acontecimientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han suscitado un intenso debate sobre la evaluación de candidatos en el Poder Judicial de la Federación (PJF)
Este martes, el Pleno del máximo tribunal decidió no asumir las funciones del Comité de Evaluación del PJF, que se disolvió tras la renuncia de cinco de sus integrantes. La decisión fue unánime y se produjo durante una sesión privada, donde la ministra Margarita Ríos Farjat presentó una propuesta que no logró obtener el respaldo necesario.
La renuncia de los miembros del Comité, que incluía a Mónica González Contró, Emma Meza Fonseca, María Emilia Molina de la Puente, Wilfrido Castañón León y Luis Enrique Pereda Trejo, dejó un vacío en el proceso de selección de candidatos a ministros, magistrados y jueces. Ríos Farjat argumentó que era crucial que el Pleno asumiera estas funciones para garantizar que los aspirantes más calificados fueran considerados en el proceso de insaculación. Según su propuesta, la falta de un mecanismo adecuado para evaluar a los candidatos podría comprometer la equidad del proceso.
El PJF tiene la obligación de presentar al Senado listas con candidatos idóneos antes del 7 de febrero. Sin embargo, desde el 7 de enero, el Comité había suspendido su labor debido a una resolución judicial que impedía su funcionamiento. Esto llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a dictar que el Senado debía proceder sin aplicar filtros de evaluación a los aspirantes, lo que generó preocupación sobre la idoneidad de los candidatos
Ríos Farjat enfatizó que era necesario actuar con rapidez para evitar que el proceso se convirtiera en un mero azar. En su opinión, esto no solo podría afectar la legitimidad del proceso judicial, sino también vulnerar derechos fundamentales y aumentar la incertidumbre en torno a las reformas judiciales en curso. Propuso que se instruyera a la Escuela Federal de Formación Judicial para llevar a cabo exámenes de conocimientos, utilizando su infraestructura y experiencia para asegurar una evaluación adecuada.
El rechazo por parte del Pleno a asumir las funciones del Comité ha sido interpretado como una medida para mantener la independencia del Poder Judicial y evitar conflictos de interés