Sindicatos y organizaciones empresariales han expresado su firme oposición a ciertas modificaciones propuestas a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), cuya discusión está pendiente en el Senado
En una conferencia conjunta, representantes de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y otras entidades, manifestaron que si bien se han efectuado ajustes a la reforma, no todas sus sugerencias han sido consideradas.
Una de las principales peticiones no atendidas es la supervisión integral de las operaciones del Infonavit por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), extendiéndose más allá de las actividades crediticias
La preocupación central de estos grupos radica en la insuficiencia de mecanismos de control sobre las inversiones destinadas a la edificación de nuevas viviendas por parte del instituto, lo cual, según advierten, podría poner en riesgo un capital circulante de 350 mil millones de pesos.Juan José Sierra, presidente de Coparmex, enfatizó que la reforma actual no otorga a la SHCP y a la CNBV la autoridad necesaria para una supervisión efectiva.
Adicionalmente, los representantes del sector obrero y empresarial han solicitado que el patrimonio de la empresa constructora filial se integre al instituto, argumentando que estos recursos pertenecen a los trabajadores derechohabientes y, por lo tanto, deben operar bajo las mismas regulaciones que el Infonavit.
La Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) y los sindicatos de trabajadores telefonistas, ferrocarrileros y del metro, también han manifestado su apoyo a la preservación de las direcciones sectoriales, considerándolas "esenciales" para proporcionar el respaldo técnico indispensable para fortalecer su labor y mejorar la representación de sus afiliados
Asimismo, existe un rechazo a que el director general del instituto presida los órganos colegiados, especialmente la asamblea y el Consejo, ya que esto, a su juicio, socava el principio de tripartismo y paridad al favorecer a un sector en particular.
En relación con las denuncias de corrupción presentadas por el director general del instituto, Octavio Romero Oropeza, que señalan irregularidades en proyectos de construcción de vivienda aprobados por las direcciones sectoriales patronal y obrera para ciertas desarrolladoras, los sectores sindical y empresarial han negado cualquier implicación, enfatizando que cualquier caso de corrupción "debe ser señalado, denunciado, perseguido y castigado".