Autoridades de 7 estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI.
Del monto anterior, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras 6 entidades.
El 21 de diciembre de 2017, The New York Times reveló, en una investigación conjunta de su corresponsal en México y del corresponsal de la revista Proceso en Washington, el mecanismo del desvío de fondos públicos de Chihuahua para las campañas del PRI en 2016, con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray. Cuestionamientos que ya han sido negados por ambos.
En aquella revelación, se mencionó el uso de 4 empresas fantasma.
Ahora, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que esas 4 empresas y otras 8 vinculadas, recibieron en 2016 transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de dólares de los gobiernos priístas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México para la ?Operación Safiro? (así, con ?s?), que es el nombre que operadores del PRI asignaron al mecanismo para el desvío de fondos públicos.
De acuerdo a la información obtenida por MCCI, los mayores desvíos para la Operación en el 2016 corresponden a los gobiernos priístas de César Duarte (246 millones de pesos) en Chihuahua; Jorge Herrera Caldera (230 millones de pesos) en Durango y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano(140 millones de pesos) en Sonora.
Durante la búsqueda se detectaron operaciones de la red fantasma en el Estado de México, durante el período de Eruviel Ávila Villegas (2011-2017) y en la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México, durante la gestión de Jorge Alvarado, pero según MCCI "los montos documentados fueron mínimos".
En reportes financieros y otros documentos consultados por MCCI consta que el Gobierno de Sonora transfirió en 2016 más de 140 millones de pesos a 7 empresas en las que figuran como supuestos dueños el exagente del CUSAEM arrestado por robo y cuatro miembros de su familia. Sin embargo, la administración de la priísta Claudia Pavlovich ocultó información, pues en respuesta a peticiones de información solo reportó haber realizado cuatro pagos por apenas 580 mil pesos a 2 firmas de la red fantasma.
Según los documentos consultados, los pagos de Sonora fueron realizados al mismo tiempo que los del Gobierno de César Duarte en Chihuahua, en abril de 2016. Además, en Sonora se utilizaron tres de las cuatro empresas que usó Duarte para presuntos desvíos electorales.
Los nombres de las empresas implicadas son: Despacho de Profesionistas Futura por 21 millones 544 pesos, con un desembolso adicional de 5 millones 917 mil pesos, Servicios y Asesorías SINNAX y SISAS por 23 millones 434 mil pesos y otros 5 depósitos por 16 millones 100 mil pesos a la cuenta de SISAS en banco Santander.
Otras tres empresas de la misma red, que comparte domicilios y prestanombres, recibieron más transferencias desde la misma cuenta de BBVA Bancomer del Gobierno de Sonora: Comercializadora Fing, con 9 depósitos por 28 millones 901 mil pesos; Despacho de Profesionistas Faga, con 10 transferencias por otros 28 millones 483 mil pesos yConstructora y Abastecedora Cofex, con 7 pagos por 15 millones 685 mil pesos.
Durango es el segundo estado con mayores desvíos vinculados a la llamada Operación Safiro. En 2016 los desvíos a cinco empresas de esta red sumaron 230 millones 400 mil pesos.
En reportes financieros consultados por MCCI se documentó que entre el 1 de marzo y el 25 de mayo de 2016, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Durango transfirió 94 millones 392 mil pesos a dos cuentas en Banco Santander a nombre de Despacho de Profesionistas FAGA y Servicios y Asesorías SINNAX; ésta última empresa había sido utilizada en esos días por el Gobierno de César Duarte para el presunto desvío de recursos públicos a las campañas del PRI.
Según la Fiscalía de Durango, los desvíos en el Consejo de Seguridad suman 200 millones de pesos a través de las mismas empresas que utilizó el ex dirigente priísta Alejandro Gutiérrez en el estado de Chihuahua. Sin embargo, la dependencia se negó a entregar copia de los contratos o de los documentos de pago, por lo que no fue posible determinar los nombres de todas las compañías involucradas.
Lo que sí confirmó la Fiscalía es que, al igual que en Chihuahua, el dinero desviado en Durango procedía de una partida federal extraordinaria para proyectos de seguridad.
Por el desvío de estos 200 millones a empresas que simularon servicios fueron arrestados el pasado 1 de octubre el ex secretario del Consejo de Seguridad de Durango, Juan Carlos Ascencio Pérez, y su administradora, Liliana Vázquez Morales.
Consulta el documento completo aquí:
https://contralacorrupcion.mx/operacionsafiro/