El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos informó que, en los primeros 50 días de la administración del presidente Donald Trump, fueron detenidos 32 mil 809 migrantes, de los cuales, según las autoridades, casi la mitad tienen antecedentes criminales.
De acuerdo con el DHS, entre los detenidos hay personas con condenas previas, migrantes con cargos penales pendientes e incluso presuntos miembros de pandillas y posibles terroristas.
La agencia aseguró que su prioridad es "eliminar a los extranjeros ilegales criminales de las comunidades estadounidenses" y destacó el papel de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el fortalecimiento de estas medidas.
Un funcionario del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) detalló que 14,111 de los detenidos son delincuentes convictos, mientras que 9,980 enfrentan cargos penales pendientes. Además, 1,155 son presuntos miembros de pandillas y 44 son fugitivos extranjeros buscados por la justicia.
Sin embargo, también fueron arrestados 8,718 migrantes sin historial criminal, quienes únicamente violaron la ley de inmigración al estar en el país de manera irregular. En entrevistas previas, el ICE se ha referido a este tipo de detenciones como "daños colaterales", ya que no eran el objetivo principal de los operativos, pero terminaron siendo arrestados en el proceso.
El director en funciones del ICE, Todd Lyons, defendió estas acciones al afirmar que han eliminado la política de capturas y liberaciones, asegurando que ahora la agencia se enfoca en detener a quienes violen la ley migratoria. "Estamos cambiando la cultura del ICE hacia una de acción y responsabilidad", afirmó.
Uno de los principales desafíos que enfrenta el ICE es la capacidad de detención, pues actualmente 47,600 camas están ocupadas, lo que significa que los centros de detención están casi al límite. Las autoridades indicaron que trabajan en aumentar la capacidad para poder continuar con las detenciones de migrantes en situación irregular.
Las cifras reflejan el enfoque más estricto de la administración Trump en materia de inmigración, con operativos más agresivos y una ampliación del uso de centros de detención.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las condiciones de los migrantes detenidos y el impacto de estas políticas en comunidades inmigrantes.