Migración interna y violencia: el desplazamiento forzado en México
La migración interna en México es un fenómeno que, si bien ha existido históricamente, ha adquirido una dimensión más compleja y trágica en los últimos años
Mientras que tradicionalmente las personas se han desplazado dentro del país por razones como la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo o para mejorar sus condiciones de vida, hoy en día existe una migración forzosa impulsada por factores más sombríos: la violencia del crimen organizado y la inseguridad. Para miles de mexicanos, mudarse de su hogar ya no es una opción por el deseo de un futuro mejor, sino una cuestión de supervivencia.
María Guadalupe Estrada Arenas, una víctima del desplazamiento causado por los cárteles, relató su experiencia en una entrevista con Meganoticias: "Está muy pesado en cuestión de delincuencia, el famoso cobro de piso, entonces prácticamente yo estoy huyendo de eso porque estamos siendo perseguidos". Su testimonio refleja el sufrimiento de cientos de miles de personas que huyen del control y la violencia de grupos criminales, que imponen su dominio sobre las comunidades a través de extorsiones, secuestros y amenazas.
De acuerdo con un informe realizado por el colectivo Frontera Sur, junto con varias organizaciones civiles, la situación en muchas regiones de México ha alcanzado niveles alarmantes
Además de las disputas territoriales entre organizaciones criminales, estos grupos han tomado el control de las actividades económicas, las instituciones sociales e incluso de los gobiernos locales. Este dominio ha provocado una crisis de derechos humanos que obliga a las familias a abandonar sus hogares, desplazándose hacia zonas más seguras, pero a menudo no mejores.
En municipios como Las Palmas Altas, en Zacatecas, los habitantes viven bajo un miedo constante, ya que las bandas criminales campan a sus anchas. Un habitante de la zona relató a este medio: "No se puede salir porque tiene uno miedo porque andaban muchos hombres armados, y se llevaron gente? unos resultaron muertos, los encontraron en los forenses y otros andan desaparecidos todavía". Estas palabras reflejan el panorama de terror que viven las comunidades donde la presencia de los grupos armados se ha vuelto una constante.
En 2022, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró 9,602 desplazados internos debido a 25 episodios en siete estados: Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas, afectando a 21 municipios y 33 localidades
Chiapas ha sido uno de los estados más afectados por la violencia del crimen organizado. En junio de 2024, el delegado de Protección Civil en Tila, Chiapas, reportó que más de 4,000 indígenas choles fueron desplazados debido a la violencia. Este éxodo masivo ha impactado profundamente a las comunidades indígenas, que, además de enfrentar las dificultades propias de la pobreza y la marginación, ahora deben lidiar con el despojo de sus tierras y la violencia que arrastra consigo el crimen organizado.
Sin embargo, no todo es desesperanza. En municipios como La Trinitaria, también en Chiapas, la situación ha mejorado poco a poco. El alcalde de la zona, en marzo de 2025, informó que al menos 30 familias habían regresado a sus hogares gracias a las medidas de seguridad implementadas y al trabajo conjunto con las autoridades locales.
La comunidad indígena en Chenalhó, Chiapas, ha sido otro de los puntos focales de la violencia criminal
En agosto de 2024, los tzotziles de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, en un acto de resistencia, exigieron paz y justicia frente a las autoridades. José Alfredo Jiménez, sobreviviente de la masacre de Acteal de 1997, expresó: "Quienes queremos paz, justicia y vivir, caminar libres y sin miedo en nuestras comunidades, nos hemos organizado para juntar nuestros corazones y palabras y exigirle a los gobiernos que tomen en serio las demandas del pueblo mexicano".
Este tipo de manifestaciones dan cuenta de la valentía y la resiliencia de las comunidades afectadas por la violencia. A pesar del sufrimiento, muchos se niegan a rendirse y luchan por su derecho a vivir en paz, un derecho fundamental que sigue siendo vulnerado por los actores del crimen organizado.
En 2019, el gobierno mexicano reconoció oficialmente la existencia del desplazamiento interno forzoso y se comprometió a desarrollar una respuesta integral
Aunque la magnitud del desplazamiento interno forzoso no ha sido completamente comprendida, el gobierno mexicano, en colaboración con organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha comenzado a tomar medidas para abordar este problema.
A través de diversos censos y encuestas, como el Censo de Población y Vivienda 2020, se ha documentado que, entre marzo de 2015 y marzo de 2020, más de 274,000 personas migraron debido a la violencia y la inseguridad. Sin embargo, los datos obtenidos aún no reflejan la magnitud total del fenómeno, ya que las encuestas no logran capturar el desplazamiento dentro de un mismo municipio y no permiten identificar todas las causas de la migración.
En 2024, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el INEGI, estimó que más de un millón de personas se desplazaron en 2023 por motivos de inseguridad
Aunque esta cifra refleja el impacto de varios tipos de crimen, el crimen organizado es el principal causante de este fenómeno, dado que las extorsiones, los secuestros y los enfrentamientos entre grupos delictivos han desplazado a miles de mexicanos.
El estudio "La nueva ola: desplazamiento forzado causado por el crimen organizado en Centroamérica y México" distingue dos formas de desplazamiento forzado
El primero, llamado desplazamiento "cotidiano", ocurre debido a las actividades regulares de los grupos criminales. Este tipo de desplazamiento es preventivo y está motivado por la extorsión, el miedo a represalias o la resistencia a unirse a estos grupos. El segundo, el desplazamiento por "disputas", se da cuando los grupos criminales se enfrentan por el control territorial, desplazando a comunidades enteras para debilitar al rival.
El desplazamiento masivo, aunque a veces temporal, puede convertirse en una situación permanente cuando las condiciones de violencia no mejoran. La población desplazada busca refugio en áreas urbanas o en otras regiones más seguras, pero a menudo se enfrenta a la precariedad y la falta de recursos, lo que agrava aún más su situación.
El desafío de atender a los desplazados internos es enorme. Aunque se han implementado algunas medidas a nivel local y federal, como la creación de albergues en zonas de destino o la asistencia técnica del ACNUR, las políticas públicas aún son insuficientes
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FGR investiga a agencias aduanales tras decomiso de diésel
Avanzan las investigaciones y ya se iniciaron procedimientos legales contra las agencias aduanales y los funcionarios que presuntamente permitieron descargar diésel del buque "Challenge Procyon" que atracó en el puerto de Tampico, Tamaulipas el miércoles 19 de marzo, a las 08:58 horas, en la Terminal de Usos Múltiples II F-7, en el cual fueron asegurados 10 millones de litros de combustible, 192 contenedores, 23 tractocamiones y armas, así lo informó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
- Informó que el barco con bandera de Singapur, transportó 10 millones de litros de diésel de manera ilegal fue asegurado. Gran parte del diésel incautado ha quedado bajo resguardo de Petróleos Mexicanos (Pemex). También dijo no saber la procedencia real de los millones de litros de combustible que han entrado a México por diversos puertos.
El titular de la FGR dijo que la información entregada por las agencias aduanales fue manipulada, por lo que aún no se tiene certeza sobre el verdadero origen del combustible, el barco se interceptó cuando el delito ya había sido cometido.
"Nosotros recibimos una información de un hecho que ya se había consumado, es decir, había llegado ese barco con una declaración fiscal en el sentido de que era un material que no era el que bajaron del barco", expresó.
"Con base en eso nos dieron ya vista a nosotros, de inmediato ya se aseguró el barco, ya se iniciaron las acciones contra las agencias aduanales y contra los funcionarios que hubieran permitido que bajara ese diésel, que ese es el primer informe que tenemos de Pemex", dijo.
Las autoridades ya identificaron el modus operandi para el ingreso ilegal de hidrocarburos a nuestro país y están esperando respuestas de las autoridades internacionales sobre la salida del buque.
"No tenemos todavía la información firme porque toda la documentación aduanal es falsa, venía por cantidades que no eran, venían por un tipo de combustible que no era, y con esa información falsa cualquier tipo de dato, hasta que no nos los den todos los servicios internacionales de salida, no lo podemos ratificar, en este momento estamos en eso", concluyó.
Más de 17 mil detenidos en 6 meses: García Harfuch
En los primeros meses de la administración actual se ha debilitado al crimen organizado, aseguró Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al presentar los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.
"En tan solo seis meses se han detenido 17 mil 258 personas, se han asegurado 140 toneladas de droga, se han retirado más de 9 mil armas de fuego de las calles y se ha logrado desmantelar más de 750 laboratorios clandestinos, lo que representa un golpe significativo a las estructuras del crimen organizado", aseguró el funcionario.
Mencionó que los resultados también se reflejan en cifras estatales. En Guerrero, la violencia se redujo en un 46.1% respecto a octubre de 2024. En Guanajuato, uno de los estados históricamente más afectados por la violencia, se logró una disminución del 48% en delitos dolosos durante las últimas tres semanas. En Tabasco, de febrero a la fecha, los delitos dolosos bajaron en un 42.2%. Por su parte, Sinaloa mantiene una tendencia positiva con una disminución del 25% desde octubre de 2024.
Agregó que uno de los puntos clave ha sido el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia, al que se han aumentado sus capacidades operativas y del cual ya se lanzó una nueva convocatoria para reclutar agentes de inteligencia, lo que permitirá reforzar las acciones estratégicas contra el crimen.
García Harfuch mencionó que el 90% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, es decir, aquellos que afectan directamente a la ciudadanía, por lo que el combate a este tipo de crímenes ha sido una prioridad.
El programa Frontera Norte también ha dado resultados: se decomisaron mil 960 armas de fuego, más de 321 mil cartuchos útiles, más de 26 toneladas de droga y se detuvo a 2 mil 200 personas relacionadas con actividades criminales en esa región estratégica.