El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció este miércoles que recibió ocho renuncias de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Aunque no se revelaron los nombres de los ministros en el comunicado, se cree que entre ellos se encuentra la ministra presidenta, Norma Piña, y otros destacados magistrados como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.
Estos ocho ministros han expresado su desacuerdo con la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha generado controversia en el ámbito político. La renuncia de estos magistrados marca un cambio significativo en la SCJN, pues su salida podría influir en el funcionamiento y la dirección del máximo tribunal del país.
Por otro lado, las ministras cercanas a la Cuarta Transformación (4T), Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, han manifestado su intención de participar en la elección de nuevos ministros, prevista para el primer domingo de 2025. Su apoyo a la 4T resalta la polarización existente dentro de la SCJN, que ha estado en el centro del debate político en México.
En otro aspecto, un grupo de magistrados se presentó en el Senado para declinar su participación en el proceso electoral judicial. Sin embargo, algunos de ellos no pudieron acceder al recinto. Se trató de tres magistrados de Jalisco, dos de Veracruz, uno de Querétaro y otro de la Ciudad de México, quienes llevaron escritos para informar su renuncia a participar en el proceso.
El incidente subraya las tensiones que existen entre diferentes sectores del poder judicial y las implicaciones que estas decisiones pueden tener en la independencia del sistema judicial mexicano. La falta de acceso de algunos magistrados al Senado plantea preguntas sobre la transparencia y la apertura del proceso electoral judicial.
Con estos cambios en la SCJN, se abre un nuevo capítulo en la relación entre el poder judicial y el ejecutivo, lo que podría tener repercusiones en la forma en que se imparten justicia y se llevan a cabo las reformas en el país. La atención estará centrada en cómo se desarrollarán estos eventos en los próximos meses, especialmente en el contexto de las elecciones judiciales de 2025.