ONU insta a Venezuela a esclarecer desapariciones forzadas en 2024
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó serias preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, enfocándose en las desapariciones forzadas ocurridas durante y tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 y la toma de posesión en enero de 2025
Expertos independientes han instado al gobierno venezolano a determinar el paradero de las víctimas de estas desapariciones, denunciando un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que incluyen detenciones arbitrarias y ocultamiento de personas por parte de autoridades estatales.
En Venezuela, las instituciones nacionales enfrentan acusaciones de parcialidad y disfuncionalidad, lo que ha llevado a las víctimas y sus familiares a recurrir cada vez más a mecanismos internacionales para buscar justicia y verdad sobre el destino de sus seres queridos. Las denuncias incluyen la falta de procesamiento de recursos de habeas corpus y, en algunos casos, ni siquiera su aceptación.
De acuerdo a un comunicado, esto ha generado un clima de impunidad y justicia selectiva, donde las desapariciones forzadas se utilizan como una herramienta para silenciar a opositores políticos, activistas prodemocracia y defensores de derechos humanos
Las autoridades estatales, al negarse a reconocer la custodia de personas detenidas o ocultar su paradero, las colocan fuera de la protección legal, constituyendo desapariciones forzadas independientemente de la duración de la detención. Este patrón de violaciones ha sido documentado por varios observadores internacionales desde el proceso preelectoral y continúa hasta la fecha.
Los informes recibidos por los expertos independientes revelaron que diversas autoridades venezolanas están implicadas en estas desapariciones forzadas, incluyendo las más altas autoridades del país, así como entidades como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y el poder judicial, entre otros.
Los expertos han instado al gobierno venezolano a cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y a responder a las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Se solicita que se proporcione información sobre el paradero de las personas desaparecidas y que se tomen medidas para prevenir, enjuiciar y erradicar este crimen como una grave violación de derechos humanos bajo el derecho internacional
Se enfatiza que las personas privadas de libertad deben tener garantizado el pleno disfrute de todas las salvaguardias legales fundamentales, incluido el derecho a comunicarse y recibir visitas de sus familiares, abogados o cualquier otra persona de su elección, y a ser presentadas ante una autoridad judicial competente dentro del plazo legal para determinar la legalidad de su detención. Además, si la persona privada de libertad es extranjera, tiene derecho a comunicarse con sus autoridades consulares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha cuestionado la legitimidad democrática de la reelección de Nicolás Maduro, señalando que las elecciones estuvieron marcadas por prácticas de terrorismo de Estado y represión sistemática. La opacidad electoral y las denuncias de fraude llevaron a una estrategia planificada para impedir la participación política de la oposición y reprimir las protestas sociales.
Las violaciones documentadas, señala la CIDH, incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violaciones a las garantías judiciales y a la libertad de expresión