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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como una "injusticia" la propuesta del Congreso de Estados Unidos para imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes a sus países de origen, lo que afectaría directamente a millones de mexicanos que viven en aquel país.

"No, no estamos de acuerdo en esta injusticia, que es discriminatoria", expresó durante su conferencia de prensa matutina.

La propuesta forma parte del llamado Único, Grande y Hermoso Proyecto de Ley, promovido por el congresista republicano Jason Smith. Esta iniciativa contempla cobrar ese 5% directamente al emisor de las remesas, es decir, a los trabajadores migrantes, muchos de los cuales ya cumplen con sus obligaciones fiscales en Estados Unidos.

Sheinbaum subrayó que todos los mexicanos que viven en ese país pagan impuestos, sin importar su situación migratoria. "Tengan o no documentos, todos pagan impuestos. Incluso, hay estados que ya gravan las remesas", enfatizó. La mandataria también aplaudió el llamado a la "mesura" hecho por el Senado mexicano, que se pronunció de forma unánime contra la medida.

Según datos del Banco de México, el país recibió 14 mil 269 millones de dólares en remesas solo en el primer trimestre de 2025, lo que representó un aumento anual del 1.3%. En marzo, los envíos crecieron 2.7%, tras haber caído en febrero, el primer mes completo de la presidencia de Donald Trump, bajo un contexto de políticas migratorias más duras.

Si se calcula sobre el total del año 2024, cuando México recibió 64 mil 745 millones de dólares, el impuesto equivaldría a poco más de 3 mil 237 millones de dólares.

Este dinero que envían los migrantes representa cerca del 4% del Producto Interno Bruto de México, lo que refleja su importancia en la economía nacional. El país ha encadenado once años consecutivos con incrementos en la llegada de remesas, convirtiéndolas en una de sus principales fuentes de ingresos.

Ante esta situación, Sheinbaum pidió respeto hacia la comunidad mexicana en Estados Unidos y rechazó que se les castigue con medidas que, según dijo, son discriminatorias y carentes de fundamento económico.

Durante el primer trimestre de 2025 se registraron 104 incidentes de violencia política en México, según el Reporte de Violencia Política elaborado por la consultora Integralia.

Aunque esta cifra representa una reducción del 59.2% en comparación con el mismo periodo de 2024, el fenómeno continúa siendo preocupante por la gravedad de los delitos involucrados.

El homicidio fue el delito más frecuente, con 50 casos reportados. A esto se suman 24 amenazas, 15 atentados con arma de fuego, 11 secuestros, dos desapariciones y otros dos hechos violentos. La mayoría de los incidentes ocurrieron en el ámbito municipal, donde las autoridades locales enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad frente al crimen organizado.

Morelos fue identificado como el estado más violento, con 17 casos de violencia política. Le siguen Veracruz con 13, Oaxaca con 12, Puebla con 11 y Guerrero con nueve. Según el informe, estos estados comparten altos niveles de incidencia delictiva y una fuerte presencia de grupos criminales, lo que explica la concentración geográfica de los ataques.

Morena es el partido político con más agresiones registradas, al acumular 30 incidentes. En segundo lugar está el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 10, y en tercero Movimiento Ciudadano (MC) con nueve. La mayoría de las víctimas fueron funcionarios o exfuncionarios públicos (75.9%), seguidos por aspirantes a cargos de elección popular (15.4%) y políticos o expolíticos (8.7%).

El informe advierte que la violencia podría incrementarse en los próximos meses, especialmente hacia junio, cuando se celebrarán elecciones locales en entidades como Durango y Veracruz. En este último estado, la disputa entre cárteles ha generado un ambiente de tensión que podría escalar en el contexto electoral.

Integralia atribuye esta violencia al interés de los grupos criminales por controlar los recursos municipales, influir en las estructuras policiales locales y mantener dominio sobre los mercados ilegales en distintas regiones del país. La debilidad de los gobiernos municipales ha permitido que estas organizaciones actúen con relativa impunidad.

La mayoría de los hechos ocurrieron en la región centro y sur del país, zonas en las que, según la consultora, el crimen organizado busca mantener su control territorial mediante el uso de la violencia contra actores políticos.

El Gobierno de México anunció este miércoles la eliminación del artículo 109 de la nueva Ley en Telecomunicaciones y Radiodifusión, luego de la controversia generada por su posible implicación en actos de censura a plataformas digitales.

La medida fue confirmada por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, durante la conferencia matutina presidencial.

"El artículo 109 causó cierto malentendido, polémica... pero para que no haya ningún espacio de duda, se eliminó", afirmó Merino, quien también recalcó que el gobierno no tiene intención de censurar el uso de internet o redes sociales. Según explicó, la ley busca justamente lo contrario: garantizar conectividad y libertad de expresión.

La controversia surgió luego de que se conociera el contenido del artículo, que permitía a las autoridades solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales por supuestos incumplimientos legales.

Partidos de oposición calificaron esto como "autoritarismo digital", mientras que la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el riesgo que implicaba para la libertad de expresión.

Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió desde abril a modificar la iniciativa y aclaró que su gobierno "no va a censurar". La decisión de eliminar el artículo se presenta como una respuesta directa a ese compromiso.

Merino también señaló que la intención de la ley es facilitar el acceso a internet en todo el país, especialmente para los 15 millones de personas que actualmente no tienen conexión. "Es una ley que va en sentido contrario al control; busca incluir a quienes han sido excluidos", agregó.

Con esta modificación, el Gobierno busca calmar las inquietudes tanto nacionales como internacionales y continuar impulsando el derecho a la conectividad y la libre expresión en el entorno digital.