La prisión preventiva es una figura legal en México que permite la detención de una persona acusada de un delito antes de que se celebre un juicio o se emita una sentencia definitiva. Su propósito es garantizar que los imputados no interfieran con el proceso judicial, no huyan o no afecten a las víctimas o testigos.
Sin embargo, el uso de la prisión preventiva, especialmente en su modalidad oficiosa, ha generado polémica en el país, siendo un tema central en los debates legales y sociales.
Prisión preventiva oficiosa: ¿Qué es y cómo funciona?
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que se aplica automáticamente a ciertos delitos graves, como homicidio doloso, feminicidio, secuestro y narcotráfico. Esto significa que, sin necesidad de que un juez realice un análisis profundo del caso, la persona acusada de uno de estos delitos puede ser encarcelada de manera inmediata. Según la Constitución Mexicana, esta medida se puede aplicar sin una sentencia previa, bajo el argumento de que ciertos delitos son tan graves que requieren la detención del acusado para proteger el proceso judicial.
El Congreso de la Unión discutió una reforma al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se han añadido nuevos delitos a la legislación, incluyendo extorsión, contrabando, operaciones con comprobantes fiscales falsos (como la compra y venta de facturas falsas) y delitos relacionados con el fentanilo y otras drogas sintéticas, abarcando su importación, transporte, distribución, producción, exportación y almacenamiento. Por otro lado, se han eliminado los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal.
Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que su grupo parlamentario buscaría excluir los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal del catálogo, lo que refleja las tensiones internas sobre esta reforma. "El grupo parlamentario de Morena planteará la exclusión de estos dos tipos penales", afirmó Monreal, sugiriendo que aún hay espacio para debatir las reformas propuestas.
La prisión preventiva justificada: Un enfoque más equilibrado
A diferencia de la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva justificada se aplica sólo cuando un juez considera que existen elementos suficientes para encerrar a un imputado, independientemente de la gravedad del delito. Esto requiere una evaluación más detallada de los riesgos que representaría dejar al acusado en libertad, tales como la posibilidad de fuga, el peligro para testigos o la manipulación de pruebas.
Aunque la prisión preventiva justificada es más flexible y respetuosa con los derechos humanos, también ha sido objeto de críticas, ya que el sistema judicial mexicano aún enfrenta desafíos para garantizar que se apliquen criterios justos y consistentes en cada caso.
¿Por qué se critica la prisión preventiva?
Una de las principales críticas a la prisión preventiva oficiosa es que contribuye a un sistema penal más punitivo que preventivo. Diversas organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han señalado que la detención automática de personas sin una sentencia judicial representa una violación a la presunción de inocencia, uno de los principios fundamentales del derecho penal.
A nivel internacional, organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han instado al gobierno mexicano a revisar y modificar la prisión preventiva oficiosa, debido a que puede ser usada de manera excesiva y sin justificación suficiente. En enero de 2023, la CIDH recomendó al Estado mexicano eliminar el arraigo y modificar esta figura legal, al considerar que se vulneran los derechos de las personas al encarcelarlas sin pruebas suficientes.
A pesar de las críticas, la prisión preventiva oficiosa sigue siendo vista por una gran parte de la población como una herramienta necesaria para combatir la impunidad y la delincuencia. Según un estudio de Impunidad Cero, el 74% de los mexicanos está de acuerdo en que los acusados deben permanecer en prisión mientras se lleva a cabo el proceso penal. Sin embargo, esta medida no ha demostrado ser efectiva para reducir la inseguridad, lo que ha generado dudas sobre su efectividad a largo plazo.
El debate sobre la prisión preventiva oficiosa en México no es solo un asunto legal, sino también social. Mientras algunos argumentan que esta medida es esencial para garantizar la seguridad y la justicia, otros señalan que su uso excesivo puede generar más problemas que soluciones.
Con la discusión sobre la reforma aún en curso, es crucial que México considere alternativas que no solo apunten a castigar, sino también a prevenir la criminalidad de manera efectiva y respetuosa con los derechos humanos. El reto es grande, pero la oportunidad de mejorar el sistema judicial es aún mayor.
Para saber más, puedes ver nuestro especial "Prisión preventiva, la cárcel sin condena en México".