El pasado 3 de diciembre, el pleno de la Cámara de Diputados dio un paso importante en la regulación de productos relacionados con el consumo de tabaco al aprobar una reforma constitucional que busca prohibir la producción, comercialización y uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otras sustancias tóxicas.
Esta iniciativa, que ahora se turnará al Senado, tiene como objetivo principal proteger la salud pública y combatir el uso ilícito de productos nocivos.
La legislación establece que se sancionará toda actividad relacionada con la fabricación, distribución y venta de vapeadores y dispositivos análogos, así como de sustancias tóxicas, incluyendo drogas sintéticas no autorizadas como el fentanilo. Esto supone una ampliación de las medidas preventivas en el país para reducir el acceso y uso de estos productos.
Aunque aún no se han definido las sanciones específicas, se espera que estas sean incluidas en las leyes secundarias, para lo cual el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días. Por su parte, las legislaturas locales contarán con 365 días naturales para realizar las modificaciones necesarias en sus normativas.
La propuesta no está exenta de controversias. Desde su inclusión en el paquete de reformas enviado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado discusiones sobre la efectividad de una prohibición absoluta frente a la posibilidad de regular estos dispositivos. Algunos legisladores argumentaron que la prohibición podría abrir la puerta al mercado negro, un riesgo que deberá ser considerado en los próximos debates.
Según los promotores de la reforma, esta medida refuerza el derecho a la protección de la salud de los mexicanos, priorizando la prevención ante el uso de sustancias nocivas. Además, se busca reducir la influencia de estas tecnologías en sectores vulnerables, como los jóvenes, quienes representan uno de los principales consumidores de vapeadores en el país.
Ahora que la reforma ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, su destino depende del Senado. Si se aprueba, México se sumará a una creciente lista de países que han adoptado medidas drásticas contra el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos. La expectativa está puesta en las futuras leyes secundarias, las cuales definirán los detalles de la implementación y las sanciones correspondientes.
Esta reforma marca un momento clave en la lucha por la salud pública en México, abriendo un debate sobre el equilibrio entre prohibición y regulación. La decisión final podría tener un impacto significativo en la forma en que el país enfrenta el uso de estos dispositivos en el futuro.