Con la disolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ha delineado los mecanismos que garantizarán el cumplimiento de los derechos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales
En una reciente conferencia, Buenrostro anunció que las funciones del INAI serán asumidas por un nuevo órgano denominado "Transparencia para el pueblo", que se integrará a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
La propuesta de Buenrostro establece que el nuevo organismo será un ente autónomo descentralizado, con un único titular en lugar de los siete comisionados que conformaban el INAI. Este nuevo modelo se centrará en el acceso a la información del Poder Ejecutivo federal. Por otro lado, los otros dos poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial, también contarán con sus propios organismos encargados de garantizar la transparencia.
En total, se crearán 16 organismos dedicados a supervisar la transparencia en diversas áreas del gobierno
La extinción del INAI ha generado un intenso debate en el ámbito político y social. La reforma fue impulsada por el partido oficialista Morena y sus aliados, quienes argumentan que la eliminación de estos organismos autónomos es necesaria para reducir costos y mejorar la eficiencia gubernamental. Según estimaciones, esta medida podría generar un ahorro significativo para el gobierno; sin embargo, críticos advierten que esto podría comprometer la transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas.
El INAI ha sido fundamental en la promoción del acceso a la información pública en México desde su creación en 2016. La plataforma nacional que gestiona alberga más de 15 mil millones de archivos públicos, permitiendo a los ciudadanos solicitar información sobre las operaciones del gobierno.
La secretaria Buenrostro enfatizó que no se restringirán los derechos previamente establecidos y que todas las obligaciones actuales continuarán vigentes. Además, se prevé que la Plataforma Nacional de Transparencia siga funcionando bajo una nueva regulación legal para asegurar su preservación y accesibilidad.
Se implementarán medidas adicionales para validar la integridad de los datos almacenados, incluyendo un sistema de validación criptográfica