Redefinir sanciones por no bloquear llamadas de reclusorios
La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados analiza reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer con claridad las sanciones a las concesionarias telefónicas que incumplan con la obligación de bloquear las llamadas provenientes de los centros penitenciarios.
La iniciativa, impulsada por el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN), plantea crear un capítulo denominado "Sanciones en materia de seguridad y justicia".
En un comunicado, informó que el objetivo de esta iniciativa es considerar una multa equivalente de 1.1 a cuatro por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado que incumpla con esa obligación, y en caso de reincidencia la revocación de las concesiones.
Preciado Rodríguez argumentó que las concesionarias tienen el deber de bloquear las llamadas que salgan de los centros de readaptación social y penitenciarios, pero no se satisface a cabalidad.
Abundó que el IFT tiene la responsabilidad de exigirles la observancia de este compromiso o, en caso contrario, "tomar las medidas necesarias para que se dé cumplimiento a lo mandatado por la ley, lo que traería consigo la disminución considerable, a medio plazo, de la extorsión por medio de llamadas telefónicas".
El legislador resaltó que actualmente no pasa nada con las empresas de telefonía que incumplen la ley, porque no existe una sanción suficientemente coercitiva para obligar su acatamiento, lo cual afecta a la sociedad, ya que la inobservancia trae consigo el alza de la extorsión telefónica.
El panista, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, plantea que el IFT, para determinar el monto de las multas, deberá considerar la gravedad del desacato, la capacidad económica del infractor y la reincidencia.
Las multas serían ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria y el importe obtenido se destinaría al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas que contempla la ley.
Refirió que la propuesta destaca que, según un informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la delincuencia organizada realiza alrededor de 3.7 millones de llamadas al año desde teléfonos celulares y casetas fijas en cárceles federales y estatales, en su mayoría para extorsionar.
Este panorama, abunda la iniciativa, "habla de la notoria falta de cumplimiento con la obligación contenida en la fracción VIII del Artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión".
Dicho ordenamiento precisa que los concesionarios de telecomunicaciones deberán colaborar con las autoridades competentes para que, en el ámbito técnico-operativo, se cancelen o anulen, de manera permanente, las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.
Ello dentro del perímetro de los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o de internamiento para menores, ya sean federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación.
