Reunión de fiscales de la zona centro
Se realizo en la Ciudad de México la primera reunión del año de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Entre los asuntos acordados por los titulares de las Fiscalías de la Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Estado de México, está impulsar la adopción de formatos homologados para la obtención e intercambio de información, la solicitud de colaboraciones para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas y la búsqueda de familias, así como para el intercambio permanente de información sobre personas fallecidas no identificadas.
Además, se acordó seguir fortaleciendo el Banco Nacional de Datos Forenses, la base de datos Ante Mortem Post Mortem, el Registro Nacional del Delito de Tortura, la Red de Inteligencia Criminal y otros sistemas y registros nacionales desarrollados e implementados por la Fiscalía General de la República.
La reunión fue encabezada por Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, quien acudió en representación del presidente de la Conferencia y titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.
Durante su participación, la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, afirmó que las entidades que integran la Zona Centro representan poco más del 30 por ciento de la población de nuestro país, y destacó la importancia de esta reunión para fortalecer la coordinación para fortalecer las investigaciones en beneficio de la ciudadanía.
En otro acuerdo, la Fiscalía General de la República, presentó el avance en la integración del Registro Criminal de Armas de Fuego, una herramienta mandatada por el pleno de procuradores y fiscales del país para la trazabilidad de armas aseguradas. Para continuar con su implementación y avanzar en las siguientes fases del proyecto, se acordó crear células focales lideradas por las Unidades de Análisis de Información de las fiscalías locales y coordinadas por el Centro Federal de Inteligencia Criminal.
Finalmente, se avaló en lo general la propuesta de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de mejorar la justicia penal, misma que se presentará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.