El diputado Emilio Manzanilla Téllez del Partido del Trabajo (PT) presentó una iniciativa para reformar el artículo 19 de la Constitución Política de México, con el objetivo de incluir el delito de robo en el transporte público en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa
El legislador enfatiza que el robo en el transporte público se ha convertido en un problema grave que afecta a la población, especialmente en áreas urbanas y conurbadas, como el Estado de México. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades para disminuir la incidencia delictiva, este tipo de robo sigue siendo una amenaza constante que compromete no solo la seguridad de los usuarios, sino también la estabilidad social. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto de 2023 se registraron más de 6,300 robos con violencia en transporte público, siendo el Estado de México el más afectado con alrededor del 86% de estos incidentes a nivel nacional.
Manzanilla Téllez sostiene que la inclusión del robo en el transporte público como un delito que amerita prisión preventiva oficiosa es una medida necesaria para abordar esta problemática de manera efectiva. La impunidad en estos casos contribuye a la percepción generalizada de inseguridad y frustración entre los ciudadanos. Al no considerarse este delito dentro del catálogo mencionado, los delincuentes pueden enfrentar sus procesos legales en libertad, lo que aumenta las probabilidades de reincidencia y pone en riesgo a más víctimas.
En su propuesta, Manzanilla Téllez argumenta que la seguridad en el transporte público es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todos los ciudadanos. La iniciativa ha sido enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y discusión
La propuesta busca ampliar el catálogo existente de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, justificándose por la necesidad de proteger a la sociedad ante la alta reincidencia y peligrosidad asociados con ciertos delitos. Aunque otros delitos ya están incluidos, como el homicidio y la trata de personas, el robo en el transporte público ha quedado fuera hasta ahora, creando un vacío en la protección de quienes utilizan este servicio.
El diputado también señala que los delincuentes suelen operar en grupos organizados y están armados, lo que incrementa la peligrosidad de estos delitos. Este tipo de crimen no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino que también puede poner en peligro su integridad física e incluso su vida. La violencia asociada al robo en transporte público es un fenómeno que se ha intensificado con el tiempo y representa un desafío continuo para las autoridades.
Al establecer que quienes cometen robos en transporte público enfrenten su proceso legal desde un centro penitenciario, se espera reducir las oportunidades para que continúen delinquiendo mientras esperan juicio