Sala Superior del TEPJF insta a reanudar elecciones judiciales
La reciente decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha generado un impacto considerable en el panorama electoral mexicano, especialmente en el contexto de la elección judicial programada para junio de 2025
Este proceso, que marcará un hito en la historia del sistema judicial del país, implica la elección de más de 800 cargos, incluyendo ministros de la Suprema Corte y magistrados del TEPJF. En este sentido, la Sala Superior ha tomado medidas drásticas para asegurar la continuidad del proceso electoral.
En una votación dividida, el TEPJF decidió actuar contra el juez Sergio Santamaría, quien había emitido resoluciones que interferían con las funciones del tribunal electoral. La magistrada presidenta Mónica Soto enfatizó que las acciones del juez son de "alta gravedad", ya que intentó suspender los trabajos del comité encargado de organizar las elecciones judiciales. El TEPJF ha ordenado al comité reanudar sus actividades en un plazo no mayor a 24 horas y ha anunciado que se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por los delitos cometidos en contra de la administración de justicia.
Soto subrayó que ninguna autoridad puede someter la jurisdicción del TEPJF a un juicio de amparo, destacando que el tribunal goza de autonomía e independencia constitucional
La magistrada hizo hincapié en que las resoluciones emitidas por el TEPJF son definitivas y no pueden ser cuestionadas por jueces ajenos a su jurisdicción. Este principio es fundamental para garantizar la continuidad y legitimidad del proceso electoral, especialmente en un momento en que se están llevando a cabo reformas significativas en el sistema judicial.
El TEPJF también ha advertido que cualquier incumplimiento por parte del Comité de Evaluación resultará en sanciones conforme a lo estipulado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Esta medida es crucial para mantener la integridad del proceso electoral, que se considera un mandato de orden público.
El panorama electoral se complica aún más por los recortes presupuestales sin precedentes al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que plantea desafíos logísticos para llevar a cabo las elecciones
A pesar de estas dificultades, se espera que el INE instale alrededor de 80 mil centros de votación, una reducción significativa respecto a los 172 mil previstos inicialmente. Este ajuste refleja las limitaciones financieras actuales y resalta la necesidad urgente de una gestión eficaz en la organización electoral.
El Proceso Electoral Judicial 2025 no solo es significativo por su magnitud, sino también porque representa un cambio paradigmático en cómo se eligen las autoridades judiciales en México. Por primera vez, los ciudadanos tendrán la oportunidad de votar directamente por los ministros y magistrados, lo cual podría transformar el funcionamiento del sistema judicial y aumentar su rendición de cuentas.
Se prevé que las elecciones se realicen en un ambiente político tenso, con diversas fuerzas políticas buscando influir en el resultado. La participación ciudadana será fundamental para determinar quién ocupará estos cargos clave y cómo se configurará el futuro del sistema judicial mexicano
En este contexto, es esencial recordar que el TEPJF ha establecido precedentes claros sobre la inviolabilidad del proceso electoral. En decisiones anteriores, ha afirmado que es inconstitucional suspender procedimientos electorales ya programados, lo cual reafirma su compromiso con la continuidad y estabilidad del sistema electoral.
La importancia de esta elección radica no solo en los cargos a elegir, sino también en cómo estos nuevos funcionarios influirán en futuras decisiones judiciales y políticas. Con más de 2,800 candidatos postulándose para diferentes posiciones dentro del Poder Judicial Federal, el interés público está más centrado que nunca en este proceso.
