SCJN Revoca Amparos en Reforma Eléctrica de 2021
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó seis amparos promovidos por ocho empresas en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que el expresidente Andrés Manuel López Obrador promulgó el 9 de marzo de 2021
En una sesión reciente, la segunda sala de la SCJN aprobó por unanimidad los proyectos de la ministra Lenia Batres Guadarrama, determinando que no se puede otorgar protección judicial a las empresas debido a una reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas, promulgada el 31 de octubre de 2024. Esta reforma prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas en el sector eléctrico.
Las empresas afectadas incluyen Parque Salitrillos, Parque Solar Don José, Parque Solar Villanueva, Productora Nacional de Papel, Alimentos Sello Rojo, Munisol, Promotora V.A. y Fuentes de Energía Peñoles. La decisión se basa en que la reciente reforma modificó el modelo energético nacional, que anteriormente permitía una mayor participación del sector privado bajo un esquema de libre competencia.
Aunque las empresas aún pueden participar en ciertos sectores, se ha alterado el enfoque hacia una mayor preponderancia del Estado en la industria eléctrica
Los fallos emitidos por la SCJN son resultado de amparos revisados que fueron promovidos por la Presidencia y el Congreso durante el mandato de López Obrador. La ministra Batres destacó que los cambios realizados en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) son fundamentales para entender esta nueva dirección en la política energética del país. A pesar de que todavía existe espacio para la participación privada, se ha modificado el enfoque hacia un modelo más centrado en las empresas estatales.
Este desarrollo es parte de un contexto más amplio donde se han presentado diversas impugnaciones a reformas impulsadas por el actual gobierno. La SCJN se enfrenta a un panorama complicado debido a las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Las decisiones recientes han suscitado debates sobre la legalidad y constitucionalidad de las reformas, así como sobre el impacto que tendrán en el sector energético y en la economía del país.
