Senado aprueba leyes para sustituir al INAI con nuevo órgano

Las comisiones del Senado, con el apoyo de Morena y sus aliados, aprobaron leyes que pasan las tareas del extinto INAI a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, liderada por Raquel Buenrostro

Esta decisión, tomada con 20 votos a favor y siete en contra, redefine la manera en que el país gestiona la transparencia y la protección de datos personales, generando un debate álgido entre el oficialismo y la oposición. El dictamen, que incluye la creación de un nuevo órgano administrativo y la redistribución de responsabilidades, aguarda su discusión en el pleno del Senado la próxima semana.

La legislación aprobada establece la creación de "Transparencia para el Pueblo", un organismo desconcentrado de la SABG que asumirá las tareas que antes desempeñaba el INAI. Este ente operará bajo principios de austeridad y eficiencia, según lo estipulado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Una de sus principales atribuciones será la regulación de la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta esencial para que los ciudadanos soliciten información pública.

Este cambio marca el fin de la autonomía que caracterizaba al INAI, ya que ahora estas funciones estarán bajo el control del ejecutivo federal

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, una entidad de reciente creación enfocada en combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas, emerge como pieza clave en este nuevo modelo. La legislación también delega la resolución de recursos de revisión a otras autoridades específicas: el Instituto Nacional Electoral (INE) supervisará los casos relacionados con partidos políticos, mientras que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje atenderán los asuntos de sindicatos. Además, se introduce un recurso de inconformidad para cuestionar estas decisiones, y la protección de datos personales quedará en manos del gobierno federal.

El proceso de aprobación desató fuertes críticas de la oposición. Ricardo Anaya, líder del PAN, argumentó que esta reforma podría conducir a un "régimen autoritario" al concentrar el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los órganos autónomos en manos de Morena. Subrayó que, al desaparecer el INAI, el gobierno se convierte en "juez y parte", lo que podría minar la transparencia

 "¿Cómo es lógico que le pidas información al gobierno y, si no te la da, sea el mismo gobierno quien resuelva tu queja?, señaló Anaya". En la misma línea, Rolando Zapata Bello, senador del PRI, cuestionó la conveniencia de que el Ejecutivo supervise sus propias acciones, afirmando que esto no beneficia ni al gobierno ni a la ciudadanía

Por su parte, el oficialismo defendió la medida como un avance hacia la eficiencia administrativa. Nora Ruvalcaba, senadora de Morena, sostuvo que lo que la oposición llama "concentración de poder" es, en realidad, una estrategia para eliminar duplicidades y destinar recursos a prioridades más urgentes. Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, aseguró que la información pública seguirá accesible para los ciudadanos, desmintiendo acusaciones de opacidad. Karen Castrejón, del PVEM, añadió que estas leyes buscan simplificar la gestión y garantizar una política sólida de acceso a la información.

Este cambio tiene su base en una reforma previa al Artículo Sexto Constitucional, que faculta al Estado para reorganizar los mecanismos que garantizan el acceso a la información y la protección de datos como derechos humanos. El dictamen, que abarca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y otras normativas, fue turnado a la Mesa Directiva del Senado.

En la sesión del pleno, prevista para la próxima semana, se espera la presentación de reservas y votos particulares que podrían modificar el texto final