Niegan crímenes de lesa humanidad en rancho Izaguirre
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este jueves las acusaciones de crímenes de lesa humanidad en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, que activistas y opositores han vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según la mandataria, no existe evidencia de crímenes de lesa humanidad y aseguró que lo que ocurre en el país es una lucha contra la delincuencia organizada.
Durante su conferencia matutina, afirmó que "lo que hay en ese rancho se va a investigar" y destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya había tomado posesión del predio.
El rancho fue señalado como un posible campo de adiestramiento del CJNG por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras el hallazgo realizado por colectivos de buscadores de desaparecidos el 8 de marzo.
Los grupos de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas y diversos opositores al gobierno denunciaron el lugar como un "campo de exterminio del narcotráfico", después de que se encontraron objetos personales, como 400 pares de zapatos, que se presume pertenecían a víctimas de desapariciones forzadas.
Esta situación ha generado una gran presión sobre las autoridades para dar respuesta a la creciente crisis de desapariciones en el país, donde hay más de 120 mil personas no localizadas desde que se tienen registros.
Por su parte, la presidenta negó que el Estado mexicano estuviera detrás de los crímenes de lesa humanidad, como ocurrió en décadas pasadas, y enfatizó que actualmente el gobierno está comprometido en disminuir la violencia y pacificar el país. "Lo que hay es delincuencia organizada, y estamos haciendo nuestro trabajo para disminuir los delitos", aseguró Sheinbaum.
En un intento por abordar la crisis, firmó una serie de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que incluyen la creación de una Plataforma Única de Identidad y un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas. Estas reformas buscan fortalecer las políticas públicas para la búsqueda y localización de desaparecidos en México.
Además, la mandataria aseguró que las familias de desaparecidos podrán participar en las discusiones sobre las reformas, un compromiso que hizo tras las peticiones de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Esta organización internacional instó a mejorar las medidas preventivas y a garantizar el apoyo a las víctimas de desapariciones forzadas.
La polémica sobre el rancho Izaguirre sigue siendo un tema delicado, pues ha puesto en evidencia las fallas en el sistema de búsqueda y localización de personas en México. La presión continúa sobre las autoridades para ofrecer soluciones efectivas a las familias que buscan a sus seres queridos y para garantizar que los culpables de las desapariciones sean llevados ante la justicia.