El tráfico de armas entre Estados Unidos y México ha alcanzado niveles alarmantes, con un aumento del 63% en los últimos ocho años
Esta problemática ha llevado a la Comisión Permanente del Congreso mexicano a solicitar al nuevo gobierno estadounidense un informe sobre las medidas que se implementarán para combatir este fenómeno. La petición se produce en el marco de los recientes decretos del presidente Donald Trump, quien ha declarado a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. El senador Emmanuel Reyes Carmona, quien impulsó esta solicitud, destacó que México ha estado proporcionando información sobre el armamento que ingresa ilegalmente desde Estados Unidos, pero que su vecino del norte no ha sido recíproco en este intercambio de datos.
Desde 2015 hasta 2022, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) identificó más de 133,000 armas recuperadas en México que fueron sometidas a rastreo. Aproximadamente el 70% de estas armas fueron fabricadas en Estados Unidos. En términos de cifras anuales, se estima que alrededor de 250,000 armas cruzan la frontera hacia México cada año, lo que equivale a unas 693 armas diarias.
Este tráfico es facilitado por redes de diversos tamaños, incluyendo cárteles que mantienen sus propias fuentes de suministro y redes independientes que operan como proveedores para múltiples organizaciones criminales
El tráfico ilícito se ve alimentado por la escasa regulación para la adquisición de armas en Estados Unidos y la alta demanda en México. La frontera entre ambos países, que se extiende por aproximadamente 3,152 kilómetros, presenta desafíos únicos debido a las diferencias en las leyes sobre armamento. En este sentido, un estudio reveló que las armerías en seis códigos postales específicos en Texas fueron responsables del tráfico de casi 3,000 armas hacia México.
En respuesta a esta crisis, el gobierno mexicano ha propuesto una estrategia bilateral con Estados Unidos para frenar el flujo ilegal de armamento. Esta iniciativa incluye el uso de tecnología avanzada en puntos estratégicos de la frontera y un acuerdo para institucionalizar el intercambio de información sobre el tráfico de armas. Las autoridades mexicanas han enfatizado la necesidad urgente de abordar esta situación debido a su impacto directo en la seguridad pública; se estima que cerca del 60% de los homicidios en México son cometidos con armas de fuego.
A pesar del compromiso por parte del gobierno mexicano para combatir este problema, las cifras oficiales muestran una discrepancia alarmante: solo 1,392 armas fueron confiscadas en el año fiscal 2023 por las autoridades estadounidenses