Solicitudes de beneficios migratorios suspendidas: ¿qué implica para los migrantes?
La administración de Donald Trump en Estados Unidos ha tomado una decisión que afecta a miles de migrantes, suspendiendo de manera indefinida el trámite de solicitudes de beneficios migratorios para aquellas personas que ingresaron al país bajo programas de parole humanitario.
Esta medida impacta especialmente a los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes habían sido beneficiados por el programa CHNV, así como a los participantes en los programas de reunificación familiar y el programa "Unidos por Ucrania", que asiste a los ucranianos desplazados por la guerra.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que la suspensión se aplica a todas las solicitudes pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Según un portavoz anónimo de la agencia, el objetivo es realizar "investigaciones adicionales" para identificar posibles casos de fraude, amenazas a la seguridad pública o riesgos para la seguridad nacional.
Este cambio en las políticas migratorias tiene un impacto directo sobre los migrantes que se encontraban en el país de manera legal gracias a programas establecidos bajo la presidencia de Joe Biden.
En octubre de 2022, la administración Biden había implementado un permiso especial que permitía la entrada legal de ciudadanos venezolanos, siempre y cuando cumplieran con ciertos requisitos. Posteriormente, en enero de 2023, esta medida fue extendida a personas provenientes de Haití, Cuba y Nicaragua. Además, en el mismo año, se implementaron programas de permisos de permanencia temporal para reunificación familiar, que beneficiaron a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Cuba y Haití.
Esta suspensión, por lo tanto, afecta a quienes entraron legalmente a Estados Unidos bajo estos programas, pues sus solicitudes de beneficios migratorios ahora se encuentran detenidas. Aunque la medida se justifica en términos de seguridad y el cumplimiento de la ley, ha generado preocupaciones entre los migrantes, que temen que sus trámites se vean afectados de manera significativa.
En un anuncio adicional, Trump firmó una orden ejecutiva que busca eliminar los beneficios financiados por los contribuyentes para los inmigrantes indocumentados. La medida señala que se eliminarán todos los beneficios financiados por los contribuyentes destinados a inmigrantes sin estatus legal, aunque no se ha detallado qué programas específicos serán afectados.
Actualmente, los inmigrantes sin estatus legal ya no son elegibles para la mayoría de los beneficios federales, aunque existen algunas excepciones en situaciones de emergencia.
El gobierno de Trump ha argumentado que los inmigrantes ilegales representan una carga para los contribuyentes estadounidenses, citando datos de un grupo que aboga por la reducción de la inmigración, según los cuales los costos asociados con la presencia de 20 millones de inmigrantes ilegales y sus hijos ascienden a al menos 182,000 millones de dólares anuales.
Sin embargo, estudios de otras organizaciones, como el Instituto de Impuestos y Política Económica, indican que los inmigrantes sin estatus legal contribuyen miles de millones de dólares al sistema de Seguridad Social de Estados Unidos. Además, el Cato Institute ha señalado que los inmigrantes no ciudadanos utilizan un 54 % menos de asistencia social en comparación con los ciudadanos estadounidenses nativos.
Estas medidas continúan demostrando la postura del gobierno de Trump en cuanto a la inmigración, donde la seguridad nacional y la reducción de los beneficios para los inmigrantes ilegales se mantienen como prioridades. Sin embargo, la situación genera incertidumbre entre los migrantes y sus familias, que se ven afectados por las políticas cambiantes de un gobierno en constante lucha con los temas migratorios.