La ley SB4, entró en vigor en Texas, fue impulsada por la mayoría de los republicanos en la legislatura y por el gobernador, Greg Abbott.
Con esto, la policía puede arrestar a migrantes que crucen de forma ilegal la frontera desde México, además de imponer sanciones penales. Además, faculta a los jueces estatales para ordenar la deportación de personas a México.
Para realizar las detenciones, los agentes deberán tener una causa probable que puede incluir haber presenciado un ingreso ilegal o haberlo visto en video.
Un juez federal bloqueó la ley después de que el Gobierno del presidente Joe Biden presentara una moción para evitar su entrada en vigor hasta que hubiera una decisión judicial firme, pero la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, dijo en una orden que podría entrar en vigor el 10 de marzo si la Corte Suprema se negaba a intervenir.
El 4 de marzo, el juez conservador de la Corte Suprema Samuel Alito congeló temporalmente la ley para darle tiempo a la Corte Suprema para considerar la solicitud del Gobierno federal, un bloqueo que se extendió hasta el lunes 18 de forma indefinida para dar más tiempo al tribunal a decidir, como ha hecho este martes.
La ley SB4 no podrá aplicarse a personas que se encuentren legalmente en Estados Unidos, incluidas las que hayan obtenido asilo o estén inscritas en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).
Republicanos insisten en que la SB4 es necesaria para disminuir la inmigración irregular.
Los agentes pueden aplicar las aprehensiones en cualquier lugar de Texas, con algunas excepciones. El representante estatal republicano David Spiller, que presentó el proyecto de ley en la Cámara de Representantes del estado, cree que la gran mayoría de las detenciones se realizarán en un radio de 50 millas (unos 80 kilómetros) de la frontera entre Estados Unidos y México.
En los lugares en los que no se pueden llevar a cabo las detenciones son las escuelas públicas y privadas, iglesias, sinagogas u otros lugares de culto establecidos. Tampoco en hospitales y centros de atención sanitaria, incluidos aquellos donde se realizan exámenes forenses de agresiones sexuales.
La ley permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial. Los detenidos podrán ser deportados.
Una vez aprehendidos, los inmigrantes podrán optar por aceptar la orden de un juez estatal de abandonar Estados Unidos o ser procesados por un delito menor de entrada ilegal. Los que no abandonen el territorio estadounidense corren el riesgo de ser detenidos otra vez y ser procesados por delitos más graves debido a la reincidencia.
La SB4 establece que a quienes se les ordene salir de Estados Unidos serán enviados a puertos de entrada a lo largo de la frontera con México, sin importar si son o no ciudadanos mexicanos.
Quien ayude a cruzar o transporte a un inmigrante indocumentado será castigado hasta con dos años de prisión. Con la SB4 esta pena se incrementa a 10 años tras las rejas y el pago de una multa máxima de 10,000 dólares.
En caso de que una persona detenida sea reincidente, la pena podría alcanzar hasta 20 años de prisión.
Para quienes sean procesados y condenados por operar una casa para esconder indocumentados, las penas tendrán un mínimo de cinco años en prisión.
Las penas serán incrementadas a su máximo si los delitos ocurren en regiones declaradas como zonas de desastre. La medida también amplía las condenas para otros delitos cometidos durante el contrabando de inmigrantes.
La ley contempla que los arrestados que colaboren con la justicia en una investigación relacionada con la inmigración ilegal, puedan beneficiarse con la reducción a la mitad de su condena.