El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una denuncia contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, por dificultar las labores de las autoridades de migración para deportar a ilegales.
La demanda, presentada en una corte federal en dicho estado, pide a los jueces que revoquen y califiquen de inconstitucionales las protecciones que existen a nivel estatal y local a indocumentados.
Tras las duras políticas del presidente Trump, varias ciudades santuario han intensificado sus esfuerzos para salvaguardar a estas comunidades mediante nuevos planes que restringen la colaboración con las autoridades federales de inmigración. Alcaldes y funcionarios locales han asegurado que no permitirán que sus recursos municipales se utilicen para ejecutar órdenes de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).