El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado al Ejército estadounidense a asumir el control de terrenos federales en la frontera sur del país, como parte de su política migratoria
Esta decisión se formalizó mediante una orden presidencial que instruye a los secretarios de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Agricultura a facilitar el traspaso de los terrenos públicos para permitir "actividades militares" en instalaciones que pasarán a la jurisdicción del Pentágono.
El traspaso de terrenos deberá comenzar en un plazo de 45 días y se centra en la llamada "Reserva Roosevelt", una franja de tierra de 20 metros de ancho que se extiende paralela a la frontera con México por aproximadamente 1,000 kilómetros desde Nuevo México hasta California. Aunque el memorando no especifica qué actividades realizará el Ejército en estos terrenos, se ha especulado que podrían estar relacionadas con la detención de migrantes que cruzan la frontera de manera irregular.
Esta medida se suma a la creciente presencia del Pentágono en la gestión de los organismos de migración
Desde la llegada de Trump al poder, el Pentágono ha desplegado miles de soldados en la frontera sur, y el gobierno ha utilizado aviones militares para trasladar a migrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo en Cuba.
El número de personas detenidas cruzando la frontera de manera irregular ha disminuido notablemente desde que Trump asumió el cargo. En febrero, se registraron menos de 30,000 arrestos, en comparación con los 124,000 del mes de diciembre del año anterior, cuando Joe Biden aún estaba en la presidencia.
La orden de Trump ha generado preocupación entre expertos, quienes cuestionan la legalidad de permitir a los soldados arrestar a personas en territorio estadounidense
La Posse Comitatus de 1878 prohíbe a las fuerzas armadas actuar como policía en territorio nacional, lo que podría implicar un conflicto legal si se amplían las funciones de los militares en la frontera.
Además, Texas ha ofrecido recientemente terrenos a lo largo de la frontera con México para posibles deportaciones masivas, lo que refleja una marcada división entre los estados y el gobierno federal sobre cómo abordar la inmigración ilegal. Esta oferta es parte de las medidas agresivas que algunos estados han adoptado para frenar los cruces fronterizos, incluyendo la instalación de barreras de alambre de púas y la aprobación de leyes que permiten arrestar a migrantes que cruzan ilegalmente.