Vuelve la "caza de migrantes" a Arizona, EU
La época de "caza migrantes", ocurrió durante dos décadas en la política de Arizona, con el polémico sheriff de Maricopa, Joe Arpaio, quien gobernó de 1992 hasta 2016.
La medida regresará con la nueva ley 314 que faculta a la policía a detener a personas sospechosas de haber cruzado irregularmente.
La ley 314 convierte en delito estatal que personas no ciudadanas entren a Arizona por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada oficial.
Además, otorga a los tribunales estatales la autoridad de emitir órdenes de deportación, al transferir la aplicación de la ley federal de inmigración a las autoridades estatales.
También clasifica la venta de fentanilo ilícito importado como un delito grave de clase dos con penas aumentadas en cinco años, cuando una persona vende a sabiendas fentanilo ilícito y esto resulta en la muerte de otra persona.
En materia laboral exige que los empleadores y las agencias públicas utilicen el sistema E-Verify para verificar la elegibilidad para los beneficios públicos y el empleo, donde penaliza el uso de documentos falsos para solicitar beneficios públicos.
Además, protege a la policía de demandas civiles, incluidas las denuncias por discriminación racial.El 62 por ciento de los votantes en Arizona avaló en urnas, permitir que la policía local arreste a los migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular, sin documentos, al estado desde México.
Esta medida invade facultades exclusivas del gobierno federal sobre la aplicación de la ley migratoria.
Aunque no entrará en vigor inmediatamente, la mayoría obtenida por el partido republicano en el Senado, la Cámara de Representantes y hasta el control en la Corte Suprema, podría acelerar su implementación.
La polémica ley se implementará con el republicano Donald Trump en la Presidencia quien ya advirtió de deportaciones masivas y una mayoría legislativa que avala el endurecimiento de medidas contra los migrantes.
La medida ha sido impulsada por legisladores republicanos en estados como Texas, Iowa y Oklahoma, pero frenada por los tribunales, lo que ahora podría tener un destino diferente frente a la nueva mayoría obtenida tras las elecciones del martes 5 de noviembre.
La legisladora hispana por Phoenix, Lydia Hernández considera que esta proposición avalada por los votantes es preocupante por las posibles repercusiones de esta ley en la comunidad latina y el estado de Arizona en general.
También dijo que esta medida no solo abre la puerta al perfil racial y la discriminación, sino que también perjudica la economía y la reputación del estado porque incluso se corre el riesgo de que empleados sean denunciados por sus patrones para evitar pagarles por su trabajo.
La medida tipificaría como delitos penales a nivel estatal ciertas acciones de personas que no son ciudadanas, aumentaría las sanciones relacionadas con la venta de fentanilo ilícito y ampliaría las responsabilidades de las agencias estatales en la verificación del estatus migratorio.
Esta proposición avalada en las urnas, es similar a la controversial SB 1070, promulgada en 2010, misma que provocó protestas nacionales y fue en su mayor parte anulada por la Corte Suprema, debido a que dotaba de facultades exclusivas de la autoridad federal a la policía local.