Ante la controversia constitucional presentada por la Alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 11 de Octubre, Martínez aclaró, busca se respete la ley y no se modifiquen las leyes a modo, sin dejar de lado que el servicio del agua potable se debe pagar sin excepción alguna, tal y como lo estipula el artículo 115 constitucional, fracción III, inciso A.
"Los diputados modifican la ley de agua para que las escuelas no paguen la conexión de drenaje y agua potable a las redes en este caso de la CAPDAM, cuando una persona o una persona física o un ente gubernamental quiere conectar a la red de agua potable o a la red de drenaje tiene que pagar la conexión, no quiere decir que es el servicio de suministro de agua o de drenaje."
Por ello, la presidenta acusó al Gobierno del Estado y al INCOIFED de decidir no pagar ese servicio que la CAPDAM debe prestar, con el pretexto de que nunca se ha pagado, y que organismos como la OSAFIG no se ha percatado de la falta de pago de los servicios cuando por ley están obligados. Por otra parte, señaló que este año la CAPDAM no contó con recursos propios para hacer obras urgentes como redes de agua potable y drenaje, pero a pesar de ello, no se dejaron de realizar obras gracias a que arrancaron con 20 mdp de recurso propios del ayuntamiento.