¿AMLO violó la ley al publicar reforma judicial durante suspensión?

El 15 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional al Poder Judicial, que permitirá la elección de jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este decreto fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la publicación de la reforma ha generado controversia, ya que un tribunal en Colima había ordenado suspender provisionalmente su publicación tras una queja de la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Ante esta situación, surgieron dudas sobre si el presidente López Obrador violó la ley al proceder con la publicación. Según el abogado Arturo Pueblita, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), quienes promovieron los amparos pueden iniciar un proceso por violación a la suspensión, como lo establece la Ley de Amparo. Si se demuestra que las suspensiones fueron ignoradas, podría determinarse que se cometió un delito, aunque en la práctica, señala Pueblita, es probable que no haya consecuencias penales.

A pesar de esta posible impunidad penal, la violación a las suspensiones podría invalidar el proceso de reforma constitucional. El Poder Judicial tendrá la tarea de analizar y resolver la validez de este proceso.

El abogado también recordó que, tras la publicación, se dispone de un plazo de 30 días para presentar un amparo directo o una acción de inconstitucionalidad, dado que la reforma es considerada una norma autoaplicativa.

Además, se reveló que cinco suspensiones otorgadas por jueces de distrito fueron violadas por las Cámaras del Congreso de la Unión, lo que añade complejidad al proceso.

Pueblita subrayó que el Legislativo crea las normas, mientras que el Judicial analiza su constitucionalidad, por lo que existe la posibilidad de que la reforma sea invalidada. Si se comprueba que el proceso fue irregular y careció de los votos necesarios, se podría calificar como "inconstitucional y antidemocrático", advirtiendo que esta situación podría dejar al país sin mecanismos de control judicial adecuados.