Diputados locales avalaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional la autorización que el Congreso de Colima otorgó en septiembre de 2015 al gobernador, Mario Anguiano Moreno, para refinanciar a 25 años deuda de corto plazo, por 638 millones de pesos con el Banco Interacciones, debido a que la Constitución Mexicana ordena que los créditos a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente.
Es una resolución a todas luces apegada a derecho y porque no es justo que las administraciones estatales ni federal o municipal hereden deudas a futuro y no asuman la responsabilidad de pagar las deudas de las administraciones que ellos encabezan".
"Habría que analizarlo jurídicamente el tema, porque si ya es una orden de la instancia judicial tenemos que ver cual es la parte que nos toca como Congreso".
Los legisladores coincidieron que la decisión de la corte no será retroactiva para el gobierno de Colima, pero obligará a la administración estatal y las municipales a no endeudarse.