El pasado martes 1 de abril, una mujer de la tercera edad identificada como Carlota asesinó a dos hombres con un arma de fuego en el municipio de Chalco, Estado de México.
El caso rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando opiniones divididas sobre lo sucedido.
De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, el conflicto se originó por la posesión de un inmueble que, según Carlota, pertenecía a su familia. Al enterarse de que la propiedad estaba ocupada, exigió a los presuntos inquilinos que la desocuparan. Sin embargo, los ocupantes argumentaron haber rentado la vivienda por internet, aunque no presentaron pruebas para sustentar su versión.
El día del ataque, Carlota y dos personas más acudieron nuevamente al inmueble para reiterar su exigencia. Al no obtener respuesta favorable, la situación escaló hasta llegar a un enfrentamiento armado que dejó como saldo dos personas fallecidas.
Tras el ataque, las autoridades detuvieron a la mujer de 74 años y a sus dos acompañantes el 2 de abril. La Fiscalía ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los involucrados.
El caso ha generado debate en redes sociales sobre la problemática de la invasión de propiedades. Según el Código Penal Federal, el despojo de inmuebles puede castigarse con penas de tres meses a cinco años de prisión, dependiendo de las circunstancias en que se cometa. Además, si el despojo se lleva a cabo de manera violenta o en grupo, la pena puede aumentar hasta nueve años.
El artículo 396 del mismo código establece que, si en el despojo se emplean amenazas o violencia, se acumularán sanciones adicionales. Esto significa que, además de enfrentar cargos por homicidio, Carlota y sus acompañantes podrían ser acusados de otros delitos relacionados con el uso de la fuerza.
Por ahora, el proceso judicial sigue en curso, y las autoridades determinarán el destino de los implicados. Mientras tanto, el caso ha puesto en el centro del debate la forma en que se resuelven los conflictos por la propiedad de inmuebles en México y las consecuencias de recurrir a la violencia en situaciones de disputa.