Caso Mario Anguiano, radiografía de la impunidad
La auditoría excepcional realizada por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental durante los último tres años de la pasada administración encabezada por Mario Anguiano Moreno, arrojó que se desviaron más de 2 mil 119 millones de pesos.
El informe integrado por 155 páginas y que fue entregado a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, reveló que el mayor desvió se detectó en los servicios personales en donde fueron encontrados mil 867 millones de pesos que originalmente se presupuestaron para obra pública.
La auditoría refleja que se detectaron gastos en viajes, alcohol y comidas no autorizadas por una cantidad de 6 millones 578 mil pesos del despacho del gobernador, además se observó una simulación de reintegros de fondos federales por el uso irregular de recursos durante los tres años auditados por 242 millones de pesos. Y en el tema de Seguridad Pública se gastaron 2 millones 632 mil pesos en cursos de capacitación que nunca fueron impartidos.
Por lo que el congreso del Estado en 2017 con base a los resultados del Osafig aprobó una sanción para inhabilitar por nueve años al ex mandatario priista para ejercer cargos públicos, así como proponer una sanción económica resarcitoria directa por 38 millones 570 mil 170 pesos y otra inhabilitación de 14 años para ejercer cargos públicos por la falta de registro contable en una donación que hizo Pemex al Gobierno del Estado por 3 mil 400 toneladas de asfalto, 130 mil 200 litros de gasolina magna y 118 mil litros de diésel.
El Dictamen también establece que de los 13 ex funcionarios públicos involucrados (incluidos el ex Gobernador) que integraron la administración pasada deberán reintegrar 170 millones 436 mil 609 pesos como sanción económica resarcitoria.
"Por si esto fuera poco", a Anguiano Moreno también se le acusa de desviar un crédito de 638 millones de pesos que solicitó casi al final de su administración para pagar deudas a corto plazo. Además, debe responder por las irregularidades detectadas en la cuenta pública ordinaria de 2015 en donde se propone sanción resarcitoria de 66 millones 800 mil pesos y una inhabilitación de 14 años para ocupar cargos públicos.