CDHEC exige sanción a reaponsables de agresión contra reportero Ismael
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima dio a conocer que ha abierto un expediente de queja después de que se confirmó la agresión en contra del reportero Ismael Díaz, por parte de elementos de la Policía Municipal de Colima al realizar un reporte de un accidente vial.
A través de un posicionamiento, la Comisión exige que se investigue y se sancione a quienes resulten responsables.
A continuación el posicionamiento íntegro:
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) expresa su solidaridad con el periodista que el día de hoy fue lacerado en sus derechos humanos y en el ejercicio libre de su profesión; asimismo informa que ya se le está dando acompañamiento para acreditar su bienestar y de ser necesario dar parte al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Este Organismo Defensor, condena las agresiones que sufrió el periodista Ismael Díaz Ávalos, reportero del medio de comunicación digital El Punto Informativo, por parte de elementos de Tránsito y de Seguridad Vial del Ayuntamiento de Colima.
La Comisión de Estatal de Derechos Humanos reprueba la violencia ejercida hacia el periodista, misma que quedó acreditada en los videos que circulan en los diversos medios digitales; por lo que se confirma la violación a los derechos humanos del reportero al momento de realizar su labor de mantener informada a la sociedad colimense de lo que acontece de manera diaria en nuestras calles y en nuestra ciudad.
Ante tan lamentables hechos, la Comisión ya abrió un expediente de queja y exige que se investigue y se sancione a quienes resulten responsables; por lo que se llevarán a cabo todas las acciones que sean necesarias, para que esté garantizado el ejercicio libre de todas y todos los periodistas en nuestro Estado.
Exhortamos a la autoridad municipal para que fortalezca las acciones de capacitación integral de todas las y los servidores públicos, y de manera especial a quienes integran las instituciones de seguridad, con el firme objetivo de que puedan tomar decisiones acertadas y no desafortunadas.
Todas las y los servidores públicos tenemos la obligación de garantizar y proteger la labor periodística, y de esta forma, reafirmar que vivimos en una sociedad verdaderamente democrática.