En México siete de cada diez menores han sufrido de acoso escolar, revela el estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Además, posiciona al país en primer lugar internacional en caso de Bullying en educación básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria en las dos vertientes Públicas y Privadas.
El análisis reporta que el 44.47 por ciento de los estudiantes declaró haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y también por redes sociales , 40.24 por ciento, declaró haber sufrido de acoso, 25.35 por ciento haber recibido insultos y amenazas y el 17 por ciento ha sido golpeado.
Tomando en cuenta la estadística oficial de la Secretaría de Salud, donde establece que de las muertes registradas en el país, 4 mil 972 corresponden a suicidios y en el 59 por ciento de este rubro se concentra en entidades como: Estado de México, Puebla, Tabasco, Nuevo León y Guanajuato, donde los suicidios se dan entre menores de 5 a 13 años de edad. Porque además del maltrato en el ámbito escolar también son humillados y expuestos en redes sociales.
En esta problemática que ha ido en aumento en los últimos años, Colima ocupa el primer lugar nacional en la incidencia de acoso escolar entre niños de educación primaria y segundo lugar entre los de nivel secundaria y son los los menores entre 10 y 14 años en donde el porcentaje de casos se eleva a más de 30 por ciento.
Por esta situación, el Congreso del Estado aprobó en mayo del 2014 la Ley de Seguridad Integral Escolar con el objetivo de tener una herramienta jurídica para prevenir y castigar estas conductas. Además demanda la creación de un registro de casos que se generen en los distintos planteles de la entidad.
También dispone la creación de un Consejo Estatal de Seguridad Integral que serán los encargados de diseñar las políticas de seguridad integral y prevención de las escuelas que estará conformado por: el gobernador del estado y secretarios de Educación, Seguridad Pública y Salud. Así como el titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Las Sanciones que se aplicarán a los estudiantes que incumplan la ley van desde la suspensión de clases ocho días hábiles, transferencia a otra escuela a un tratamiento especializado a fin de modificar su conducta.