La diputada de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda Mesina, cuestionó a sus compañeros legisladores por haber aprobado únicamente amonestaciones públicas para el exsecretario de Finanzas y Administración del gobierno de Mario Anguiano Moreno, Jesús Alfaro Orozco, a pesar de las irregularidades que detectó el dictamen del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG).
"Sentimos que la justicia se nos va entre las manos, nuevamente encontramos que hay amonestaciones públicas no hay resarcitorias y que no vemos los resultados fehacentes de una justicia como la quisiéramos los ciudadanos, como observamos que se llevaron a cabo y presumimos que hay responsabilidades y que en el momento de ver esta calificación no observamos que haya la justicia debida".
La legisladora recordó que Orozco Alfaro fue el encargado del manejo de los recursos públicos de enero a septiembre del 2013 e incurrió en faltas y omisiones en el control y vigilancia del dinero y por lo tanto se pedían sanciones más severas para él.
"Yo recuerdo que eran tres año y que era algo así como un millón 95 mil pesos ¿ lo que tenía que devolver ? Si era resarcitoria por una capacitación en donde no se comprobaba que se hubiera otorgado esa capacitación que había una falta de atención a la ley de adquisiciones porque no se había licitado y entonces estaba la incorrecta la manera en que se había otorgado".
Indicó que el Congreso no lo sancionó bajo el argumento de que ante la comisión de Responsabilidades, el indiciado presentó pruebas a su favor como son las listas de asistencia de un curso policial que se pagó, pero presuntamente no se había dado, así como los convenios para la capacitación policial y que por tratarse de temas de seguridad se hacen por adjudicación directa, entre otros.
Finalmente la diputada explicó que de forma segmentada el Poder Legislativo calificará el resto de la auditoría excepcional de los años 2013, 2014 y parte del 2015 del gobierno de Mario Anguiano, documento que propone inhabilitarlo por 14 años para ocupar cargos públicos por 14 años y la devolución de 714 millones de pesos y otras sanciones para 13 de sus excolaboradores.