Cuatro de las siete familias de los policías estatales secuestrados y asesinados en mayo, interpusieron cuatro amparos en contra del gobierno del estado y del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado debido a que la Secretaría de Planeación y Finanzas no ha pagado los 295 mil pesos correspondientes al seguro de vida por riesgo de trabajo colectivo, informó Fernando Nevárez abogado de las familias afectadas.