Defensores de derechos humanos exigen desmilitarización del control migratorio
Más de 80 organizaciones y redes defensoras de derechos humanos en México y Centroamérica han solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Congreso de la Unión la desmilitarización del control migratorio en el país. Estas entidades han expresado su preocupación por la creciente participación de fuerzas armadas en tareas migratorias, lo que, según afirman, ha resultado en violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
Desde 2019, la Guardia Nacional (GN) ha asumido funciones de control migratorio, desplegando efectivos en las fronteras y en puntos de revisión como retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos. En febrero de 2022, de los 99,946 elementos desplegados en todo el país, 15,822 se encontraban en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9,298 en los estados de la frontera sur mexicana.
Además, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha incorporado perfiles militares en puestos clave, ha formado a sus agentes bajo una doctrina militar y ha utilizado armas exclusivas del ejército en operativos de detención y control migratorio.
También ha implementado tecnologías de vigilancia para la recopilación y transferencia internacional de datos biométricos de manera discrecional
Estas acciones han conducido a detenciones arbitrarias y a un aumento de la opacidad, arbitrariedad, discrecionalidad e impunidad en las operaciones del INM. Las organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la militarización del control migratorio ha intensificado las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y ha incrementado la impunidad en las acciones de las autoridades migratorias.
En respuesta a estas preocupaciones, las organizaciones han propuesto una nueva política migratoria y de asilo que incluya medidas como la integración sostenible, un sistema de asilo efectivo, la protección contra violaciones a derechos humanos, la libertad y alternativas a la detención.
La creciente militarización del control migratorio en México ha generado un debate sobre la necesidad de revisar y reformar las políticas migratorias para garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes