Diputados aprueban reglas para elección popular de jueces en México
La Cámara de Diputados de México aprobó este lunes la reglamentación que permitirá, por primera vez, la elección popular de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) y de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con 336 votos a favor, 123 en contra y ninguna abstención, la medida, ya ratificada por el Senado, se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dando así el paso final para su entrada en vigor.
Las nuevas reglas, presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum el 7 de octubre, complementan la reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual entró en vigor el 16 de septiembre. Según lo aprobado, la elección se llevará a cabo el 1 de junio de 2025 y cubrirá la mitad de los jueces federales, algunos jueces estatales, vacantes en el Tribunal Electoral y todos los ministros de la SCJN.
Para iniciar el proceso, el Senado emitirá una convocatoria dirigida a los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para que, antes del 31 de octubre, formen Comités de Evaluación. Estos comités se encargarán de revisar las postulaciones que se recibirán del 5 al 24 de noviembre y, posteriormente, elegirán a los candidatos más idóneos, quienes deberán ser aprobados antes del 4 de febrero de 2025.
El proceso ha generado un fuerte debate. La oposición en el Congreso criticó la iniciativa al considerar que podría comprometer la independencia judicial, facilitando la elección de jueces afines a la administración actual. Por otro lado, el oficialismo, encabezado por el partido Morena, defendió la reforma, argumentando que permitirá una mayor transparencia y democracia en el sistema judicial.
En paralelo, jueces y magistrados del Poder Judicial, que estaban en paro desde agosto en protesta contra la reforma, han manifestado su preocupación por las implicaciones que esta medida tendrá en su labor y en la imparcialidad del sistema de justicia.
Además de la reforma judicial, la Cámara de Diputados también aprobó modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Esto permitirá que los resultados de la elección de los nuevos miembros del Poder Judicial puedan ser impugnados si se considera que hubo violaciones a las normas constitucionales o legales.
Con estas reformas, el gobierno mexicano avanza hacia un sistema judicial con elección popular, una medida sin precedentes en el país que promete transformar la forma en que se seleccionan los principales impartidores de justicia, pero que también ha generado dudas y oposición sobre su impacto a largo plazo en el sistema judicial.