Las posturas son distantes entre integrantes del Congreso local respecto al proyecto de la Vía Rápida Colima que, este viernes podría aprobarse en el legislativo.
La diputada local, Claudia Aguirre, señala sospechas por el hecho de que no está claro bajo qué mecanismo legal el Gobierno del Estado garantizaría el aforo vehicular esperado por la concesionaria.
"Ahí argumentaban ellos que la empresa, que es problema de ellos si se cumplía o no, pero al final, hay mucha incongruencia, cuando sabemos que hay una Ley de Libre tránsito que a los únicos que pueden obligar son a los que contienen material peligroso".
Recordó que el proyecto aún carece de permisos ambientales y no está definida con exactitud la ruta.
"Creo que ya es más que obvio que si este proyecto nuevamente fue enviado al Congreso, pues es por que ya han de traer el consenso para que sea aprobado"
En tanto, el legislador Francisco Rodríguez señala que no hay riesgo de corrupción, pues el crédito por 65 millones que el Gobierno del Estado se compromete a poner como garantía, sólo se usará si el aforo real no es el esperado por la concesionaria.
"Este gobierno si acaso le toca al presente echarlo a andar, pero a quien le va a tocar su revisión es al gobierno entrante, y si MORENA ya se siente en la gubernatura pues entonces no se habla de corrupción a menos que estén pensando que ellos van a hacer esos actos de corrupción, porque durante ese trayecto de obra no habrá ninguna acción de gobierno, la empresa tendrá que solicitar los permisos ante SEMARNAT o ante IMADES".
Adelantó además que se instalarán mecanismos legales para impedir el paso por el libramiento Ejército Mexicano al transporte de carga pesada.
"Como está la Ley de Movilidad, permite, lo que se ocupa es, derivado de la ley, el reglamento de Movilidad sí hacerlo, eso corresponde al Ayuntamiento y en la Secretaría de Movilidad".