Al ex mandatario se le investiga por las irregularidades en el manejo de los recursos públicos detectadas en la auditoría especial a los últimos tres años de su gobierno, equivalentes a mil 867 millones de pesos, así como por un crédito de 638 millones de pesos, además se le sigue un juicio político que se presentó en septiembre del 2015 al concluir la anterior legislatura, pero en los tres casos, el representante popular asegura el Congreso no puede hacer nada.
"El Poder Judicial de la Federación le otorgó una suspensión lo cual a nosotros nos detiene y entonces eso es ajeno a nosotros, segunda, las denuncias tal como lo dije una está en la PGR y otra en la Procuraduría del Estado depende de ellos, nosotros com kito poder legislativo estamos limitados a ejercer como Congreso".
El presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, el panista Riult Rivera Gutiérrez, órgano que debe dictaminar los asuntos, aseguró a principios del 2017, que la resolución de los casos estaba próxima y que mientras el Tribunal Colegiado de Circuito resolvía los amparos, la comisión realizaba las audiencias de pruebas y alegatos con los colaboradores de la administración anguianista implicados.
Pero a dos meses de que concluya la LVIII legislatura su compañero de bancada, el diputado Crispín Guerra Cárdenas, explicó que mientras las otras instancias no resuelvan la denuncias que presentaron, el Poder Legislativo no puede hacer nada.
"Si se resuelven nos da a nosotros la oportunidad de poder resolverlo, si siguen como están le va a tocar a la siguiente legislatura, pero insisto quién va a determinar eso no somos nosotros depende del Poder Judicial que resuelva esa suspensión y lo del ejecutivo que lo que resuelva el poder ejecutivo".
