En Colima como en el país, en las autoridades de las Fiscalías y en general, existe una resistencia para clasificar las muertes violentas de mujeres como feminicidio, pues se tiene la creencia errónea que hacerlo les afectará políticamente en el ámbito de sus competencias, señaló María del Carmen García García, Coordinadora Estatal del Observatorio Nacional del Feminicidio.
"Es un error porque las autoridades en lo que tendrían que estar concentradas es en que tienen una problemática/que tendríamos que estar dedicados a ver las autoridades principalmente a ver cómo se puede tener acceso a la justicia para estas mujeres asesinadas".
Ejemplo claro, la entidad, donde suman 83 muertes violentas de mujeres en lo que va del 2022, de las cuales, hasta el momento, solo 16 están siendo investigadas como feminicidios.
"Cuando una mujer ya es asesinada toda la política pública del estado ya falló, porque el artículo 1° constitucional dice que las autoridades deben proteger nuestra vida/cuando una mujer ya fue asesinada y no tiene acceso a la justicia se vuelve a revictimizar".
García García, puntualizó que las muertes violentas de mujeres no solo le compete a la Fiscalía sino al estado, es decir, mientras que la Fiscalía tiene que investigar los asesinatos, para prevenirlo y erradicarlo tienen que hacer lo correspondiente las instituciones, la sociedad civil, organizaciones, así autoridades municipales, estatales y federales.
"Otra de las cosas que haría falta y te repito no es de ahorita, es que se sancionaran las autoridades que no estuvieran sancionando e investigando con debida diligencia como debe de suceder".