La situación que se tiene en la Defensoría pública con la reducción de especialistas para garantizar el derecho humano que obliga al Estado a proporcionar una defensa adecuada, podría tener consecuencias graves, adversas a los aspectos de seguridad pública y de combate a la impunidad, afirmó el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Bernardo Alfredo Salazar Santana.
Puntualizó que el derecho de defensa adecuada por el estado para un imputado o de una persona sujeta a proceso penal, está consagrado en el apartado b del artículo 20 constitucional y agregó que de las situaciones más alarmantes que pudieran presentarse es que se tuviera que dejar en libertad a una persona sujeta a investigación o detenida en flagrancia, así sea por delito grave como homicidio, violación o secuestro.
"y si no hay quien lo defienda y si no le puedo garantizar su defensa adecuada, como Juez, no me va a aquedar otra que decirle al Ministerio Público, señores la audiencia vuélvanmela a solicitar, pero por lo pronto ahorita se suspende y esta persona no puede estar detenida, ordeno su inmediata libertad y ya que haya una imputación y haya la manera de garantizarle la defensa, solicítenme la audiencia".
Indicó que otro riesgo mayor es que, por disposición legal, se tiene que celebrar una audiencia de juicio en 6 meses una vez que inicia el proceso y por causas justificables se puede diferir hasta los 2 años, pero si se llegara el caso extremo de esta situación y se comprobara que se extendió por una causa imputable al Estado como sería el que no contara con un defensor en tiempo, a esa persona ya no se le puede juzgar.
