De acuerdo a Mario Ochoa, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Colima, la dependencia cuenta con un aproximado de 900 carpetas activas en las que se investiga presuntos actos de corrupción de parte de funcionarios y ex servidores públicos. No obstante, reconoce que no se ha sancionado a ninguno.
"A la fecha se judicializó recientemente una carpeta en la que estamos en la espera de una, de la continuación de la audiencia, este, y lo que estamos buscando es que se logre la vinculación a proceso de estos dos servidores públicos en relación a un tema relacionados con la, con el Instituto de Pensiones".
El funcionario señaló que, para no violar el debido proceso y no faltar a la presunción de inocencia, no se pueden revelar los nombres de los servidores públicos que están siendo investigados actualmente, pero aseguró que habrá nuevos casos que están por judicializarse.
"Sí tenemos en puerta algunos, obviamente pues no puedo comentar cuales son ni el nombre de los servidores públicos, pero sí tenemos ya en puerta próximas judicializaciones. En general todas las denuncias que tenemos, estas 900 carpetas que tenemos aproximadamente, que están activas, pues están avanzando todavía"
Mario Ochoa reconoció que la falta de personal y presupuesto son un obstáculo para la atención expedita de las carpetas de investigación. Señaló que Fiscalía anticorrupción depende del presupuesto que se le asigne a la propia Fiscalía General.