Habría que analizar el impacto económico que los incrementos al servicio del transporte público genera a la población y qué opinan los usuarios al respecto, señaló el Asesor Jurídico de Víctimas, Ángel Durán Pérez.
"Uno de los aspectos importantes que hay que señalar es qué tanto impacto va a generar en la economía en el bolsillo de quienes usan este medio de transporte porque un aumento más o menos del 33 o 35% va a ser significativo, hay gente que se traslada hasta tres o cuatro veces desde su casa al trabajo, regresan y vuelven, entonces tiene un impacto muy fuerte y creo debe estar así porque la ley lo establece que para poder haber un aumento en el transporte público debe haber un dictamen de sustentabilidad y sostenibilidad, eso está en la ley, entonces me imagino que la autoridad, los transportistas deben de tener ese expediente muy completo porque finalmente cuando esto salga a la luz pública que es el decreto donde venga el aumento puede ser impugnado o puede ser revisado por algún juez y entonces debe estar bien sustentado y quisiera pensar que ahí deben estar los datos duros para que quien los quiera investigar; periodistas, investigadores, estudiantes, universidades".
Tras el aumento a 12.00 pesos en el servicio de transporte urbano, también debe analizarse qué tanto se ven beneficiados los transportistas, tomando en cuenta que este servicio está amparado bajo el derecho humano de la movilidad urbana, dijo el Asesor Jurídico de Víctimas, Ángel Durán Pérez.
"Es el estado, son los municipios, pero principalmente el estado el que está obligado a que haya un medio de transporte adecuado de las diferentes modalidades, pueden ser camiones, taxis, mototaxis en caso de que estuvieran regularizadas pero cualquier medio de transporte público que tiene una concesión o una autorización por el estado tiene que ser un vehículo que proporcione seguridad de acuerdo a la ley tanto local, como nacional y los tratados internacionales que tenemos en ese sentido obliguen a la autoridad a que sean unidades seguras, que sean unidades que sean permitidas en la ley, que no representen ningún riesgo, pero también el estado tiene la obligación de acuerdo a la ley de generarle condiciones adecuadas a los transportistas como la forma de adquirir esas unidades automotrices, créditos, en algunas ocasiones para que ellos no quiebren la ley de transporte establece que el concesionario nunca debe perder porque la obligación es del estado".