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23 de Noviembre del 2024
Política

Independencia judicial en peligro, advierte Human Rights Watch

Independencia judicial en peligro, advierte Human Rights Watch

Human Rights Watch (HRW), la organización internacional de derechos humanos, se pronunció en contra de cuatro iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero. En un comunicado, HRW expresó su preocupación por estas reformas y pidió a los legisladores del Congreso de la Unión que las rechacen.


De las 18 propuestas de reforma constitucional enviadas por López Obrador a la Cámara de Diputados, HRW se enfocó en cuatro que consideran particularmente problemáticas. La primera es la reforma al Poder Judicial, que plantea la elección de ministros, jueces y magistrados por voto popular. Según HRW, esta medida socavaría gravemente la independencia judicial, un principio fundamental para garantizar que todos los ciudadanos reciban un juicio justo.

Otra reforma que generó preocupación en HRW es la llamada "simplificación orgánica", que propone la desaparición de siete órganos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La eliminación del INAI, según HRW, permitiría al gobierno autorregularse en estos aspectos, lo que podría socavar los derechos de los mexicanos.

La tercera reforma cuestionada por HRW es la ampliación de delitos graves en el artículo 19 constitucional, que serían procesados con prisión preventiva oficiosa. HRW señaló que esta medida contraviene el derecho internacional, ya que la prisión preventiva solo debería utilizarse en casos excepcionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado previamente que el uso de la prisión preventiva obligatoria en México viola los estándares internacionales de derechos humanos, y ha ordenado al país que reforme sus leyes y su Constitución para eliminar esta práctica.

La cuarta reforma que HRW criticó es el traslado administrativo de la Guardia Nacional, actualmente bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). HRW considera que este cambio constituye una militarización de las funciones de seguridad pública, otorgando un poder sin precedentes a los militares en México.


Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, expresó que estas propuestas son peligrosas porque socavarían la independencia judicial, otorgarían más poder a los militares, y eliminarían salvaguardas importantes para la protección de los derechos humanos. Además, señaló que México tiene una larga historia de graves abusos a los derechos humanos, muchos de los cuales han sido encubiertos por el Estado. Por esta razón, instó a los legisladores del Congreso de la Unión a impulsar reformas que fortalezcan los derechos humanos, en lugar de debilitarlos.

La organización advirtió que la reforma judicial, en particular, podría contravenir los estándares internacionales de derechos humanos. La Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya han señalado que los juicios con "jueces sin rostro", una de las propuestas incluidas, violan el derecho a un juicio justo. Este tipo de juicios impediría a los imputados conocer la identidad del juez que supervisa su caso, lo que dificultaría evaluar si existe un conflicto de interés.

En cuanto a la reforma de simplificación orgánica, HRW subrayó que la eliminación del INAI afectaría gravemente el acceso a la información pública y la protección de datos personales en México. El INAI es un organismo independiente con la capacidad de exigir al gobierno y a organizaciones públicas y privadas que cumplan con las leyes de transparencia y acceso a la información. Su eliminación, según HRW, sería un retroceso para los derechos de los ciudadanos.

Por otro lado, HRW expresó su preocupación por la iniciativa de trasladar permanentemente el control de la Guardia Nacional a la Sedena, lo que eliminaría la prohibición constitucional que impide a los militares ejercer funciones no militares fuera de tiempos de guerra. Esta medida, según HRW, otorgaría oficialmente al presidente la autoridad para desplegar a las Fuerzas Armadas dentro del país de manera indefinida y a su discreción. Goebertus también mencionó que el presidente López Obrador ha ampliado enormemente el papel de los militares en el gobierno, transfiriendo al Ejército y a la Marina el control de múltiples tareas gubernamentales que tradicionalmente eran civiles. Esto ha limitado la supervisión civil y la rendición de cuentas, ya que los militares a menudo se niegan a cumplir con las solicitudes de transparencia, alegando que la información es reservada por razones de seguridad nacional.


HRW hizo un llamado a los legisladores mexicanos para que rechacen estas reformas constitucionales, ya que podrían debilitar la independencia judicial, la privacidad, y la rendición de cuentas del gobierno. Además, advirtieron que estas propuestas podrían conducir a un aumento de los abusos militares y las detenciones arbitrarias, lo que representaría un grave retroceso para los derechos humanos en México.






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