Opacidad en investigaciones contra exgobernador Mario Anguiano
Irregularidades en el manejo de los recursos públicos por más de 2 mil millones de pesos le fueron detectados a la administración del Exgobernador de Colima Mario Anguiano Moreno, y por las cuales se le siguen diversos procesos penales.
En Junio de 2016, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental y el Congreso del Estado de Colima, por separado presentaron, ante las autoridades locales denuncias por peculado, ejercicio indebido de funciones, coalición de servidores públicos y falsedad ante la autoridad no judicial en agravio de los ciudadanos, pidiendo el pago de 707 millones de pesos por daños a la hacienda pública, además de pedir la inhabilitación por 6 años para ocupar cargos públicos a su exsecretario General, Rafael Gutiérrez y 10 años a la entonces secretaria de finanzas, Blanca Isabel Avalos Fernández.
En Octubre del mismo año la Auditoría Superior de la Federación hizo lo propio ante la PGR al encontrar malos manejos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, irregularidades que superan los 420 millones 430 mil 600 pesos en las cuentas de 2012-a 2014 y que se presume fueron utilizadas para pago de aviadores y deudas de otras partidas y pago de acuerdos sindicales.
Para protegerse ante la acción de la justicia, el exmandatario estatal ha solicitado en el transcurso de estos años por lo menos 4 amparos, uno de los cuales le fue negado y el pasado 27 de enero de este año, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con sede en Colima emitió y publicó la sentencia ratificando la inhabilitación por 14 años para ejercer cargos públicos y deberá pagar una multa de 515 millones 174 mil 928 pesos que regresarán al erario público.
Después de esta resolución, el Juzgado Segundo de Distrito decretó que el asunto del juicio de amparo está totalmente concluido, por lo que el Poder Legislativo deberá notificar a la Contraloría General del Estado para que solicite el resarcimiento del recurso correspondiente.
Sin embargo, poco o nada se sabe sobre el seguimiento que se le da al resto de las acusaciones y denuncias presentadas ante las instancias federales y que corresponden aproximadamente a las 2 terceras partes de los recursos detectados en las irregularidades detectadas.