Diputadas y diputados piden la renuncia del Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa, y la separación del cargo del gobernador José Ignacio Peralta, al considerar que no han sido capaces de resolver los problemas de inseguridad que se tienen en el estado.
Tras una comparecencia que deja más dudas que aclaraciones entorno al caso de los policías estatales que desaparecieron en la zona limítrofe y cuyos cuerpos fueron encontrados desmembrados en un vehículo, cinco de los 15 diputados que participaron en la comparecencia coincidieron en solicitar lo anterior.
En su exposición el mandatario reconoció que conocía la solicitud de brindar protección a unos empresarios y que ésta fue turnada para el trámite correspondiente a la secretaría de Seguridad, sin dar seguimiento al manejo de la misma, y detalló que la solicitud provenía del Grupo Acerero del Norte, firmada por Ricardo Martínez Alfaro y en ella se establecía que asistirán directivos y cuerpo técnico de Altos Hornos de México y del Grupo Acerero del Norte a visitas de campo, estableciendo que la visita era de origen técnico y para dar continuidad a la negociación con empresas de minería en el occidente de México, que se apoyarían en el puerto de Manzanillo, en beneficio de mineral y embarque, lo cual implicaba inversiones importantes en el estado de Colima y la consecuente generación de empleos para muchos colimenses.
En su momento el Secretario General de Gobierno se limitó a leer el texto dejado por el exsecretario de Seguridad Pública Enrique Aberto san Miguel Sánchez, ya que este presentó su renuncia previo a la comparecencia, en donde dijo reconocer que tomó la decisión de comisionar a los policías sin informarle al gobernador y de igual forma Ochoa González expuso una relatoría de los hechos que coincidió con lo expuesto por el mandatario.
Ante esto la diputada Claudia Aguirre cuestionó el por qué ir a una comisión con vehículos oficiales, pero sin identificación, si deberían estar rotulados y el diputado Vladimir Parra exigió una aclaración del por qué se brindan servicios privados por parte de las instituciones y pidió también se transparente a quién o a qué empresas se brindan y cuánto se recauda por ello.
Al respecto el secretario General respondió que la Secretaría de Seguridad no tiene la obligación de informar de cada actividad que realiza, pues sería muy burocrático.
De igual forma a petición de los diputados el gobernador informó que los deudos de los policías recibirán todo el apoyo del estado y las prestaciones que por Ley les corresponden y que están establecidos como son el seguro de vida que asciende a 295 mil pesos por familia, así como prestaciones adicionales, gastos de marcha, atención de viudez, fondo para recibir una cantidad por cada una de las personas fallecidas y otros adicionales se les pueden dar a las familias.