De acuerdo con la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Colima son sujetos de contar con el servicio de personal operativo de seguridad el gobernador o gobernadora, el secretario general, el secretario de seguridad, fiscal y aquellos con altas responsabilidades en materia de seguridad y procuración de justicia.
Así como los ex servidores públicos que hayan ocupado estos cargos, contarán con personal de seguridad, por un plazo equivalente al que hayan ocupado el cargo correspondiente, con un máximo de cuatro elementos.
"Y tristemente vemos que ni siquiera se les puede garantizar la seguridad a las personas que de alguna manera tienen más vínculos sus actividades con los temas de seguridad", menciona el diputado Crispín Guerra.
El Colegio de Abogados Penalistas en Colima, estimó que por lo menos existen 200 elementos de seguridad pública asignados como escoltas a ex funcionarios, funcionarios y sus esposas, esto fue publicado en uno de los Puntos de Acuerdo del Congreso del Estado en el 2018.
Mientras que en 2021 en una comparecencia con la Secretaría de Seguridad se cuestionó sobre los escoltas asignados a funcionarios, respondiendo que todos estaban justificados y que no podría dar las cifras de elementos que realizaban estás funciones.
"Ahora en esta administración el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad algunos servicios que han estado ofreciendo de vigilancia que han sido apoyos inclusive a otras dependencias pues ya ahora todos los quieren cobrar".
Por otro lado, la Ley antes referida detalla que a cualquier funcionario que por la naturaleza de sus funciones pudieran requerir, o para personas que se encuentren en situación de riesgo acreditable, deberá ser valorado.