Los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción, desvíen recursos, programas sociales o manipuleo los presupuestos de obras y licitaciones y se les compruebe podrán tener la muerte civil, es decir se les inhabilitará y no podrán volver a ostentar un cargo público.
De acuerdo con las reformas al Código Penal las inhabilitaciones se aprobarán a partir de irregularidades equivalentes a 17 mil pesos, se duplicarán si el monto llega a los 169 mil pesos y es total si es superior a los 170 mil pesos, explicó la diputada de Movimiento Ciudadano, Remedios Olivera Orozco.
"Cuando un funcionario público haga mal uso de los recursos de los funcionarios y este recurso no rebasa las 200 unidades de medida la sanción que recibirá después de un procedimiento será una inhabilitación hasta por 10 años, si rebasa el monto y no llega a las dos mil unidades de medida tendrá una inhabilitación de 20 años, pero si rebasa las dos mil unidades de medida, entonces la inhabilitación vendrá de manera definitiva, es decir estaremos frenando la corrupción con sanciones de alguna manera más severas".
Al hacer llamado a los servidores públicos para que estén enterados de las reformas y después no se llamen sorprendidos, la legisladora explicó la corrupción se ha agudizado en los últimos 15 años y estas reformas buscan frenarla, pero las sanciones también serán para los empresarios dependiendo la afectación al erario público.
"Esto no solo afectará a los funcionarios que hagan mal uso de los recursos, sino aquellas personas de la iniciativa privada que a la hora de una licitación pública también puedan incurrir en faltas graves y que puedan perjudicar al erario público ¿ cómo se les sancionaría a los empresarios? en los mismos términos, pero no en la función pública, sino en no volver a participar nunca en una licitación en ningún nivel de gobierno".
