Parece que cada que proponen un incremento en el transporte público se prometen los mismos compromisos, que van desde cumplir con tiempos y horarios de rutas, rehabilitación y sustitución gradual de las unidades.
Sin embargo, de una u otra manera el gobierno ha sido responsable de que no se cumplan estos acuerdos, retrasando el tiempo para que los incrementos se realicen en tiempo y forma.
"Pero por otro lado el empresario no tiene la solvencia para mantener el equilibrio, al final de cuentas quien termina pagando el precio y muy caro como sucede ahorita es la gente más humilde", así lo señala el economista Martín Álvarez Ochoa.
En 2017 cuando aumentó la tarifa de los camiones en la zona conurbada Colima - Villa de Álvarez de 6 a 8 pesos se habían comprometido a cumplir con tiempos y horarios, además de la renovación del parque vehicular, que los conductores tendrían contratos de trabajo y capacitaciones, la instalación de paraderos y asientos para personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Por su parte Gisela Méndez detalla: "Yo creo que debemos de revisar cuáles han sido los compromisos que los concesionarios y las autoridades han asumido en los anteriores aumentos tarifarios y revisar si eso se ha cumplido y de parte de quién está ese incumplimiento para distribuir esas responsabilidades".
Los nuevos compromisos con el incremento de 8 pesos a 12 pesos son cumplir rutas y horarios, el mantenimiento de unidades, mejorar condiciones laborales de conductores, sistema de prepago, botones de pánico y sustituir gradualmente las unidades.
"También es cierto que de pronto a falta de política gubernamental por el otro lado los transportes y lo vemos si observamos los que pasan todos los días por nuestras calles muchos de ellos no están ni siquiera en óptimas condiciones", dijo el economista.