Durante el 2020, al menos cinco personas privadas de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 15 de Villa Comaltitlán y de los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss), perdieron la vida a causa del COVID-19. Sin embargo, casi 100 quejas se interpusieron ante la falta de asistencia médica a personas privadas de su libertad. De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Sistema Penitenciario en los ámbitos estatal y federal (CNSIPEE-F) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se expone que al cierre del 2020 se reportaron 199 fallecimientos por COVID-19, de los cuales 96.5 por ciento eran hombres y 3.5 por ciento mujeres. En este sentido, el Inegi refiere que el 2.5 por ciento (cinco) del total de estos fallecimientos se concentraron en el centro penitenciario federal número 15 y en los centros estatales y especializados de Chiapas. Asimismo, el Instituto indica que, al cierre de 2020, los 17 centros penitenciarios federales, estatales y centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes de Chiapas contaron con alguna unidad encargada de la recepción y/o atención de quejas presentadas por las personas privadas de la libertad/ internadas, donde en ellas, se presentaron 96 quejas, en su mayoría relacionadas con la atención médica. El censo del Inegi, señala que, en los 16 centros penitenciarios estatales, centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes y en el centro penitenciario federal de Chiapas, se reporta una población de 5 mil 189 personas privadas de su libertad, con una ocupación del 86.3 por ciento.