El pasado 28 de mayo diez elementos de la Policía Estatal, así como dos civiles, fueron privados de su libertad en Jalisco en la zona limítrofe de con el estado de Colima, conocida como Cuautitlán de García Barragán. Tres elementos y los dos civiles fueron liberados el 30 de mayo, mientras que los otros siete policías fueron localizados sin vida en una unidad vehicular en el municipio de Manzanillo el 1 de junio.
Sobre el tema, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, ordenó una exhaustiva investigación al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, para que se analizara la cadena de decisiones, la actuación de los funcionarios y el cumplimiento de protocolos, con el objeto de que se determinen responsabilidades sobre la desaparición de los policías estatales en Jalisco, a fin de que los hechos no quedaran sin esclarecer.
El 3 de junio, el secretario de seguridad pública en ese momento, Enrique Alberto San Miguel Sánchez, presentó su renuncia para no interferir con las investigaciones sobre el crimen de los uniformados que fueron enviados a escoltar a personas identificadas como inversionistas. Cabe señalar que, a dos meses de lo ocurrido, aún no hay detenidos.