Los secretarios de Seguridad Pública, Miguel Ángel García Ramírez, y de Gobierno, Rubén Pérez Anguiano, se están escudando en la ley para evitar informar cuántos policías auxiliares están destinados a laborar como custodios de empresarios, exfucionarios y actuales trabajadores de Gobierno, en lugar e proteger a la población.
Lo anterior fue señalado por la legisladora Blanca Livier Rodríguez, quien lamentó el resultado de la comparecencia con ambos funcionarios, en la que, afirma, sí hubo datos que pudieron informar, pero se negaron a hacerlo.
"Las preguntas que sí se podían haber contestado no implicaban que pusiera en riesgo la carpeta de investigación, se le informó por varios de los diputados las cuestiones en la ley en donde no se debía tomar esa decisión".
Los secretarios se negaron a informar, por ejemplo, cuántos contratos para la prestación de servicios de seguridad se han celebrado con empresas, el costo para cada uno, el procedimiento para determinar la cuota, por cuánto tiempo, cuántos exfuncionarios y exrectores cuentan con este servicio.
"Seguramente tendremos que tomar la decisión de que sea el gobernador el que venga a comparecer porque por supuesto que no aclararon nada de lo que necesitábamos saber".